El Ayuntamiento de Salamanca presentará batalla legal ante la decisión de la justicia de precintar un pipicán de la ciudad por la supuesta contaminación acústica generada por los animales. Fuentes municipales confirman que "se ha recurrido la sentencia" y que por tanto, hasta que no se resuelva el recurso, el parque seguirá abierto.

El fallo original, firmado por el Juzgado de lo Contencioso-Admnistrativo, condenaba al Consistorio a clausurar el parque, sito en el barrio de Prosperidad, y trasladarlo a otro emplazamiento. Según explicaba la abogada de los vecinos, el problema comenzó en 2023. Los residentes sufrían "un ruido intolerable de ladridos de perros", sobre todo por las tardes, y una incomodidad "enorme". "No podían estar tranquilos en sus casas, incluso uno de ellos llegó a tener ansiedad".

El Consistorio ha recurrido la sentencia. Argumenta que el pipicán se creó precisamente porque ya había dueños que paseaban sus perros por el barrio y, una vez delimitado un recinto, se evitarían conductas incívicas porque los animales quedarían 'confinados' en un área específica. Además, el parque está, según sus estimaciones, a una treintena de metros de las viviendas que denunciaron la situación y entre medias hay zonas verdes, aparcamientos y carriles de circulación que amortiguan el ruido.

Decisión "desproporcionada"

Añade también que las áreas residenciales están consideradas 'per se' como "levemente ruidosas", lo que implica reconocer que hay una contaminación acústica inherente y que los ladridos de un perro se consideran "tolerables y admisibles" en dicho entorno. Las únicas zonas totalmente libres de ruidos por ley, recuerdan en el Ayuntamiento, son las sanitarias, educativas, asistenciales...

Fuentes municipales añaden que los dueños de los animales también son responsables de vigilarlos, de corregir su conducta y de las posibles molestias que puedan causar. Si los ladridos son "especialmente molestos" son ellos los que deben adoptar "las medidas oportunas", abandonando el pipicán si fuera necesario.

Además, consideran que el fallo judicial no les brinda ni siquiera la oportunidad de corregir el supuesto problema del parque, porque las "perturbaciones" no son "irreversibles", sino que se pueden solventar con medidas menos restrictivas que la clausura del parque como limitar los horarios de uso, exigir bozales para los perros o acotar el aforo.

Obligar a cerrar el pipicán, concluyen, es una decisión "desproporcionada" que a la larga causará "mayores molestias" a los vecinos y a los usuarios del parque, porque los animales seguirán saliendo a la calle y porque "no supone la erradicación de ladridos".