La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha denunciado la situación de "desprotección e inseguridad" que, a su juicio, afrontan los agentes destinados en la provincia de Salamanca tras la reciente agresión sufrida por un guardia civil a manos de un interno del Centro Penitenciario de Topas. La organización considera que este episodio vuelve a poner de manifiesto los riesgos a los que se enfrentan los efectivos durante el ejercicio de sus funciones y reclama medidas para reforzar tanto la seguridad de los agentes como la presencia policial en los municipios y comarcas de la provincia.

Pero Jucil pone especialmente el foco en los traslados sanitarios de internos desde Topas hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA). La asociación asegura que las patrullas de Seguridad Ciudadana procedentes del medio rural quedan "de forma habitual" durante horas en las Urgencias del hospital mientras custodian a reclusos que, según sostiene, acuden por patologías leves o revisiones rutinarias que no constituirían una verdadera emergencia médica.

A juicio de la organización, esta situación supone una utilización ineficiente de unos recursos policiales especialmente necesarios en los pueblos y comarcas salmantinas. Las patrullas pueden quedar durante horas fuera de sus zonas de servicio, mientras existe una falta de efectivos para atender los avisos de los ciudadanos.

Jucil considera que determinadas consultas sanitarias de la población reclusa podrían resolverse en el propio centro penitenciario mediante asistencia intrapenitenciaria o herramientas como la telemedicina, evitando desplazamientos que obligan a movilizar y mantener ocupados a agentes de Seguridad Ciudadana.

"No tiene sentido desmantelar la vigilancia en los pueblos de Salamanca para mantener a patrullas enteras custodiando en Urgencias casos médicos menores de la cárcel de Topas", señala Jucil Salamanca.

La asociación reclama por ello una revisión inmediata de los protocolos que regulan los traslados de internos de Topas al Hospital de Salamanca, de manera que, según plantea, se restrinjan a aquellas situaciones consideradas emergencias vitales o a los casos que no puedan demorarse. Jucil sostiene que modificar estos procedimientos permitiría liberar efectivos y mantener una mayor presencia policial en las zonas rurales.

La organización reclama además un refuerzo de las plantillas y de los medios de protección disponibles en los cuarteles de Salamanca. Considera que el incremento de recursos resulta necesario para garantizar un despliegue policial eficaz y evitar que la falta de efectivos se traduzca en una menor capacidad de respuesta ante los avisos y emergencias que se producen en los municipios de la provincia.

Jucil vincula esta situación con su reivindicación para que la Guardia Civil sea reconocida como profesión de riesgo. La asociación sostiene que las agresiones sufridas por los agentes no constituyen hechos aislados, sino que reflejan, en su opinión, una pérdida de autoridad y un incremento de la violencia durante las intervenciones policiales.

En este sentido, reclama al Ministerio del Interior que reconozca "de manera inmediata" a la Guardia Civil como profesión de riesgo y critica que los agentes continúen al margen de esta catalogación mientras, según la organización, afrontan intervenciones violentas y situaciones de elevada peligrosidad.

Como tercera gran reivindicación, Jucil insiste en la inclusión definitiva de la Guardia Civil en el catálogo de profesiones de riesgo, con el objetivo de equiparar, según señala, sus derechos laborales, de protección y de jubilación con los de otros cuerpos de seguridad.

Jucil cuenta, según los datos facilitados por la propia organización, con más de 15.000 miembros y se presenta como una de las asociaciones profesionales más representativas de la Guardia Civil. Entre sus principales objetivos sitúa la equiparación salarial con otros cuerpos policiales, la mejora de las condiciones laborales de los miembros del Instituto Armado y la defensa de un despliegue eficaz y de una dotación adecuada de medios para el ejercicio de sus competencias.