La anunciada rebaja del precio de los transportes públicos, una de las medidas del Gobierno para frenar la crisis energética y de precios, se ha sustanciado en Salamanca por ahora con un tira y afloja por la profundidad que debe tener el descuento. El ejecutivo central ha fijado un mínimo del 30% de descuento en los abonos del transporte colectivo de titularidad municipal y permitirá a los ayuntamientos llegar hata el 50% si así lo desean. La clave, la compensación de este descuento, que tendrá un coste económico importante ya que el servicio público de transporte lo pagan mayormente las administraciones y se presta a través de concesiones.

En el caso de Salamanca, la rebaja mínima del 30% se tendrá que hacer sobre unas tarifas que ya son bajas. De hecho, el bus urbano de Salamanca es uno de los más baratos del país y sus tarifas llevan años congeladas. El bonobús ordinario tiene el tercer coste más bajo del país, con 0,59 céntimos por viaje; y el bono mensual, 22,05 euros, es el quinto más barato de España; sin contar que los pensionistas viajan por tres céntimos el viaje con su abono especial.

Por contra, el grupo socialista ha pedido que el conistorio haga un esfuerzo y llegue al 50% de descuento que permitirá el decreto estatal. Eso incrementará la bonificación y rebajará todavía más el precio de los abonos, pero también requeriría un mayor esfuerzo por parte del consistorio que tendría que asumir el tramo del 30 al 50% de descuento, veinte puntos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Salamanca ha señalado este lunes en una nota de prensa que "está dispuesto" a aplicar la reducción del 30% en el precio de los abonos y títulos multiviaje del autobús urbano, pero quiere esperar a conocer la letra pequeña en una cuestión concreta: la compensación por tomar esta medida. Según el Gobierno, se habilitará una partida de 221 millones de euros para compensar el coste a ayuntamientos y comunidades, cifra con la que se debe cubrir la rebaja generalizada de todo el bus urbano y metropolitano de España.

El consistorio esperará a la publicación de la Orden Ministerial para "adoptar los acuerdos pertinentes", dado que el Real Decreto Ley remite a una Orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que deberá publicarse antes del 15 de julio, para "conocer las limitaciones para aplicar la reducción citada, así como los criterios de la compensación económica a las entidades locales". Y ha aprovechado para reiterar su petición de un fondo especial que compese el aumento de los costes que asumen los ayuntamientos por prestar el servicio de transporte, ya que la subida de carburantes ha disparado su coste final.