El Partido Popular ha dado un paso al frente tras el anuncio de los despidos en Majorel: ha presentado en el Congreso una Proposición No de Ley (PNL) que insta al Gobierno a reforzar la vigilancia del expediente de regulación de empleo (ERE) y proteger al máximo a los trabajadores afectados.

La medida busca asegurar que las causas alegadas por la empresa se ajusten a la legalidad y que el periodo de consultas se gestione correctamente, con mediaciones y recomendaciones cuando sea necesario. El PP subraya que la situación es especialmente delicada en Salamanca, donde de los 239 despidos previstos en todo el país, 169 corresponden a esta provincia, un territorio con un mercado laboral menos dinámico y con colectivos de mayor vulnerabilidad.

El partido destaca además que gran parte de la plantilla afectada son mujeres de 35 a 55 años, con cargas familiares y experiencia altamente especializada, lo que aumenta las dificultades de recolocación. Además, recuerdan que varios despidos individuales del año pasado terminaron siendo reconocidos como improcedentes en mediación, reforzando la necesidad de supervisión.

Entre las medidas que propone la PNL se incluyen:

• Supervisar la efectividad del periodo de consultas y garantizar que la documentación de la empresa cumpla con la legalidad.
• Fomentar la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los centros afectados.
• Impulsar un plan de acompañamiento, formación y recolocación, con especial atención a mujeres, mayores y territorios con dificultades laborales.
• Mantener la coordinación con administraciones y agentes sociales mediante una Comisión de seguimiento para minimizar el impacto económico y social del proceso.

El PP concluye que en reestructuraciones de esta magnitud es imprescindible que las instituciones actúen con responsabilidad, garantizando derechos y alternativas reales a los trabajadores afectados que este martes se han manifestado en la capital salmantina.