La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido a la dirección de Majorel que reconsidere el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la compañía y que afectaría a 329 trabajadores en toda España. La mayor preocupación se centra en Salamanca, donde la empresa prevé 169 despidos, más de la mitad del total.

Según los datos trasladados por la empresa al inicio del procedimiento, el ajuste se repartiría entre cinco centros de trabajo: Barcelona (67 empleados), Jerez de la Frontera (48), Madrid (15), Zaragoza (30) y Salamanca (169). Esta distribución convierte a la capital salmantina en la plataforma más castigada por la medida.

Desde CSIF consideran que concentrar en Salamanca más del 50 % de las salidas previstas resulta "socialmente irresponsable", especialmente en un mercado laboral como el salmantino, donde las oportunidades de empleo estable son limitadas. El sindicato advierte de que la pérdida de 169 puestos de trabajo tendría un impacto directo en cientos de familias y repercusiones indirectas en el conjunto del tejido económico local.

Los delegados sindicales reclaman a la empresa que explore vías para evitar la destrucción de empleo. Entre las propuestas planteadas figura la captación de nuevos proyectos y contratos que permitan mantener la actividad en el centro de Salamanca.

En caso de que la empresa mantenga su decisión de aplicar el ERE, CSIF solicita que los despidos se distribuyan de manera proporcional entre todas las plataformas afectadas, evitando que una sola ciudad asuma de forma desmedida el ajuste. El sindicato recuerda, además, que la empresa está obligada legalmente a negociar de buena fe y a justificar con datos objetivos las causas alegadas, que en este caso se basan en una supuesta disminución de la carga de trabajo y en procesos de reorganización interna.

El expediente fue comunicado el pasado 10 de febrero y se desarrollará en tres etapas. La primera es la fase constitutiva, de siete días, en la que se conforma la mesa negociadora. A continuación se abre un periodo de negociación de 30 días, durante el cual la empresa expone sus motivos y la representación sindical puede plantear alternativas o matices. Finalmente, se abre una fase ejecutiva de 15 días en la que se comunica el resultado a la autoridad laboral.

Si no hay acuerdo entre las partes, la empresa podrá aplicar la medida de forma unilateral, aunque deberá respetar un preaviso mínimo individual de 15 días antes de que el despido sea efectivo.

CSIF insiste en que todavía hay margen para el diálogo y apela a la responsabilidad de la empresa para reducir al máximo el impacto social en Salamanca.