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El PSOE pide usar el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca para 'embridar' los pisos turísticos
Creen que la norma debería definir claramente qué es un piso turístico para "evitar su dispersión" por los edificios y limitar su impacto sobre los vecinos
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha presentado alegaciones a la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada inicialmente en diciembre porque considera que, tal y como está redactada, desaprovecha "una oportunidad clave para afrontar uno de los principales problemas urbanos de la ciudad, la proliferación de las viviendas de uso turístico".
Los socialistas lamentan que la última modificación del PGOU ignore la regulación de los pisos turísticos y se centre en "cuestiones menores" como eliminar la obligación del bidé o permitir despachos para teletrabajo. El portavoz socialista, José Luis Mateos, lamenta que el equipo de Gobierno "haya vuelto a evitar la regulación de los pisos turísticos, pese a su impacto en el acceso a la vivienda, la convivencia vecinal y el modelo de ciudad".
El concejal socialista Álvaro Antolín añade que la propia ordenanza municipal "evidenció la falta de control del PP, al revelar que más del 40% de los pisos turísticos funcionaban al margen de la normativa, con más de 200 viviendas irregulares y sin sanciones".
Ante esta situación, los socialistas han presentado alegaciones para incluir un apartado que defina claramente las viviendas de uso turístico dentro del uso residencial, tomando como referencia el Decreto 3/2017 de Castilla y León, que las describe como pisos amueblados y equipados para su uso inmediato, comercializados en canales turísticos y cedidos temporalmente a terceros a cambio de contraprestación económica.
La propuesta del PSOE establece que, en general, el uso turístico se permita en edificios o bloques destinados de forma completa a este fin y de manera excepcional en edificios residenciales, pero sólo en la planta primera "evitando su dispersión y reduciendo el impacto sobre la convivencia vecinal". Los socialistas recuerdan que otras ciudades como Barcelona o Valencia ya diferencian claramente las viviendas turísticas del uso residencial y no las encuadran como terciario, con regulaciones que limitan su implantación.
Creen que la norma debería definir claramente qué es un piso turístico para "evitar su dispersión" por los edificios y limitar su impacto sobre los vecinos
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