El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca llevará al próximo Pleno una moción para revisar en profundidad la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), al considerar que fue aprobada sin el respaldo técnico, jurídico ni ambiental necesario. Así lo anunciaron el portavoz socialista, José Luis Mateos, y el concejal Chema Collados, en una rueda de prensa en la que se apoyaron en la reciente resolución del Procurador del Común de Castilla y León, que cuestiona la base de la normativa.

José Luis Mateos fue el encargado de exponer el contexto político y técnico de la crítica socialista. Según explicó, el PSOE ya presentó alegaciones en febrero de 2024 -hace dos años- advirtiendo de graves carencias en la elaboración de la ZBE, que a su juicio se impulsó con prisas para cumplir requisitos formales y no perder fondos europeos.

Mateos señaló que, pese a haberse aprobado en 2024, las restricciones reales no serán efectivas hasta 2029, lo que evidencia -según los socialistas- una planificación deficiente. A ello se suma una de las principales críticas: la ausencia de datos reales de contaminación que justifiquen por qué se restringe el tráfico en unas calles y no en otras. "No existen datos públicos que avalen la delimitación de la Zona de Bajas Emisiones", subrayó Mateos, quien recordó que dos años después de la aprobación de la ordenanza esos informes siguen sin hacerse públicos.

Otra de las bases del cuestionamiento socialista es que Salamanca carece de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible actualizado, ya que el vigente data de 2013. Para Mateos, resulta "incoherente" implantar una ZBE sin un marco previo que analice los cambios en la ciudad durante más de una década. El portavoz socialista también puso ejemplos prácticos de esas incoherencias, como la expulsión de autobuses eléctricos del centro, mientras otros vehículos contaminantes o actividades como la carga y descarga continúan operando sin restricciones claras.

Todas estas advertencias, según el PSOE, han sido ahora ratificadas por el Procurador del Común, cuyo informe concluye que la ZBE de Salamanca se aprobó "sin diagnóstico previo de movilidad, sin datos suficientes sobre calidad del aire, sin un análisis riguroso del impacto social y económico y sin un plan actualizado que sirva de base legal".

Mateos recalcó que los socialistas no están en contra de las Zonas de Bajas Emisiones, sino de una aplicación "mal diseñada" que, en su opinión, no protege ni el medio ambiente ni la salud, pero sí pone en riesgo los derechos de la ciudadanía y la seguridad jurídica del Ayuntamiento.

Qué propone la moción socialista

El concejal Chema Collados detalló el contenido de la moción que se debatirá en el Pleno. La propuesta plantea, en primer lugar, iniciar de forma inmediata la revisión de la ordenanza de la ZBE, "para adaptarla a la ley, al real decreto estatal, a la jurisprudencia y a las observaciones del Procurador del Común".

Además, el PSOE solicita la elaboración de un informe jurídico específico que analice los posibles incumplimientos y el riesgo real de nulidad de la ordenanza. Si de ese análisis se concluye que la normativa no se ajusta a derecho, los socialistas proponen suspender su aplicación hasta que se complete el proceso de revisión y corrección.

Collados advirtió de que corregir ahora "evitaría problemas mayores en el futuro, como sentencias judiciales que anulen sanciones o la propia ordenanza", algo que ya ha ocurrido en otros municipios.

Finalmente, el concejal criticó que el equipo de Gobierno del Partido Popular haya vinculado la ZBE al control de accesos a la zona monumental mediante cámaras, lo que -según afirmó- ha generado confusión entre la ciudadanía al mezclar restricciones ya existentes con el nuevo marco de la ZBE. "No se pueden aprobar ordenanzas para salir del paso", concluyó Collados, insistiendo en que la actual Zona de Bajas Emisiones "necesita una revisión urgente" para evitar consecuencias legales y económicas para el Ayuntamiento.