La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León ha reprobado la demolición y desaparición total de los restos del Castillo de la Torre Mocha en Naharros del Río, en el término municipal de Pelabravo, un bien que contaba con protección patrimonial y urbanística. Un hecho que investiga la Fiscalía, que ha notificado a la Junta la incoación del procedimiento.

Así se desprende de la respuesta publicada este pasado miércoles en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León a las preguntas formuladas por el procurador de UPL Jose Ramón García Fernández, en las que solicitaba información sobre los hechos y las medidas tomadas por la Junta.

Según ha señalado la Consejería, ante la gravedad de lo sucedido la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca inició diligencias previas a la apertura de un expediente sancionador. Dado que los hechos podrían ser constitutivos de delito, el 7 de noviembre se remitió toda la documentación a la Fiscalía Provincial, que el 24 de noviembre notificó la incoación del correspondiente procedimiento.

Los hechos salieron a la luz tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Pelabravo, en la que se alertaba de la destrucción completa de los restos de la fortificación. Tras recibir la comunicación, el arqueólogo territorial realizó una visita de inspección el 29 de octubre y "confirmó la gravedad de los hechos, puesto que se trata de un elemento que tiene protección tanto por las normas urbanísticas, como por la normativa de patrimonio (como yacimiento arqueológico y como castillo declarado BIC por el decreto de 1949 sobre protección de los castillos españoles)", recoge la respuesta escrita.

En este sentido, la Consejería ha explicado que "al tratarse de unos restos de dimensiones tan reducidas, la capacidad de reacción para imposibilitar cualquier ataque es limitada", aunque reconoce que "la fortificación forma parte del escudo heráldico del municipio", por lo que "no puede alegarse desconocimiento" de su valor y protección.

Igualmente, en su respuesta recuerdan que, de acuerdo con la normativa vigente, los propietarios y titulares de derechos sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León están obligados a conservar, custodiar y proteger estos elementos para garantizar su integridad y evitar su pérdida o deterioro. Asimismo, las entidades locales tienen la responsabilidad de proteger, promover la conservación y difundir el conocimiento de los bienes patrimoniales situados en su ámbito territorial.

Con el objetivo de facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte convoca de forma periódica líneas de subvenciones dirigidas tanto a particulares como a entidades locales, además de desarrollar programas de concertación con titulares y gestores de bienes culturales. No obstante, según ha indicado la Junta, no consta ninguna solicitud de ayuda relacionada con este bien ni por parte del propietario ni del Ayuntamiento de Pelabravo.

Según explicaba el procurador de UPL en su escrito de pregunta, la destrucción de este BIC se produjo "como consecuencia de unas obras con maquinaria pesada en la parcela en la que se sitúa el castillo, para las cuales el propietario ni contaba con licencia ni con permisos para poder entrometerse en los restos teóricamente protegidos del castillo".

La destrucción del Castillo de la Torre Mocha es, para García Fernández, una "enorme pérdida, al tratarse además de un monumento que contaba con más de ocho siglos de historia, habiendo sido construido entre los siglos XII y XIII por los reyes de León como parte del sistema defensivo del Reino de León en su frontera oriental frente a Castilla, diseñado como un sistema de defensa en profundidad con varias líneas defensivas, en el cual el castillo de la Torre Mocha formaba parte de la línea de defensa más cercana a la ciudad de Salamanca como forma de proteger la misma de posibles incursiones y resguardando el corredor del Tormes, en caso de que las tropas castellanas consiguiesen sobrepasar las líneas defensivas leonesas más externas de las comarcas de Cantalapiedra, La Armuña , Peñaranda o Alba". 

Hasta su reciente destrucción, se conservaban una serie de muros que conformaban su estructura, construidos en calicanto. El más largo tenía casi 6 metros de longitud, junto con otro muro conservado de 3,70 metros de longitud, con una altura cercana a los 5 metros y un espesor de muro máximo de 1,20 metros, según la información ofrecida en la pregunta de UPL. "Hablamos por tanto de restos claramente visibles, y cuya destrucción por tanto ha debido hacerse de forma premeditada, no por un descuido", apuntaba en su momento el procurador leonesista.

En este sentido, el procurador recordaba en su escrito que "dado el estado de abandono en que se encontraba el yacimiento, el 19 de marzo de 2024 desde Unión del Pueblo Leonés se presentaba en las Cortes una enmienda a los Presupuestos de
la Comunidad para la consolidación, rehabilitación y puesta en valor de estos restos, enmienda que fue rechazada por el pleno de las Cortes de Castilla y León, sin que tampoco la Junta hiciese nada a posteriori para su consolidación, rehabilitación o puesta en valor".