Hace apenas una semana, la provincia de Salamanca vivía horas críticas. Dos escenarios especialmente preocupaban a los operativos: en El Payo, donde el fuego avanzaba por flancos desiguales y las pavesas amenazaban con encender nuevos focos en pinares densos; y en Cipérez, donde las llamas recorrieron veinte kilómetros en pocas horas y obligaron a evacuar a vecinos de varios pueblos.

La situación se vio agravada por la ola de calor, con máximas que superaban los 40 grados, y por la entrada en Salamanca del gravísimo incendio originado en La Jarilla (Extremadura), que llegó a la sierra de Candelario. Todo ello conformaba un escenario de máxima tensión, con la amenaza directa a infraestructuras sensibles como la fábrica de obleas de Cipérez, donde un depósito de propano pudo convertirse en un polvorín.

Siete días después, el panorama es otro. El descenso paulatino de las temperaturas -hasta los 27 grados de máxima previstos para este fin de semana y mínimas claramente más bajas-, junto con la intervención masiva de medios terrestres y aéreos, la Unidad Militar de Emergencias, la Armada y la llegada de refuerzos internacionales, han permitido un cambio radical en el frente de lucha.

El incendio de Cipérez, el más extenso de la historia de la provincia, sigue activo en su flanco de San Cristóbal de Mochuelos, mientras que otros focos, como el de Terradillos y el de Candelario, permanecen en fase activa pero contenidos. En Morasverdes se ha logrado controlar el fuego, y el resto de siniestros ya figuran como extinguidos. La atención se centra ahora en cerrar perímetros y en evaluar con precisión la magnitud de la catástrofe, que se estima cercana a las 12.000 hectáreas quemadas.

La provincia encara así el balance del que ya se considera el peor verano de incendios que se recuerda en Salamanca: una semana de lucha titánica, en la que se ha pasado del miedo a la devastación total al esfuerzo de reconstrucción y análisis tras la catástrofe.