El Ayuntamiento de Barcelona, del PSC, reabre la 'guerra' por los papeles del archivo de Salamanca.

El comisionado de Políticas de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI, Javi Rodríguez, ha anunciado que el Consistorio barcelonés pedirá al Ministerio de Cultura "que se inicien los trabajos para definir los documentos que deben devolver en cumplimiento de la ley del 2005 y disponga de los medios para devolverlos a sus legítimos propietarios, en el plazo de tiempo más breve posible", recoge la Agencia EFE.

La petición parte de un ruego formulado por la portavoz de JuntsxBarcelona, Neus Munté, para reclamar el establecimiento de un calendario para culminar definitivamente la entrega de los documentos confiscados. "Se inició el proceso, pero no se ha completado", "aún hay miles de documentos retenidos. Todavía hay memoria secuestrada", ha denunciado Munté.

La edil reclama a su vez "que el gobierno municipal de Barcelona exija al Gobierno del Estado que complete, sin más demora, la restitución de toda la documentación pendiente de los llamados papeles de Salamanca", así como fijar un calendario "inmediato" para acometer la tarea.

Según Munt, los papeles de Salamanca "son un símbolo, afecta a instituciones, pero también afecta a entidades, asociaciones y ciudadanía", ya que "no estamos hablando sólo de papeles. Estamos hablando de memoria, de justicia y de dignidad democrática".

El pasado 20 de noviembre, el Parlamento de Cataluña instó al Govern a pedir al Gobierno central la devolución de "los 30.000 papeles de Salamanca que el Estado retiene". La moción la presentaron los Comuns, que la transaccionaron con JxCat- y se aprobó con los votos a favor de los diputados de JxCat, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana, en contra, de los de PPC y Vox y las abstenciones de los de PSC-Units. 

Días después, el concejal de Vox en el Consistorio de Salamanca, Ignacio Rivas, planteó dos mociones en el pleno del Ayuntamiento salmantino en sentido contrario, en defensa de la unidad del archivo y contra la salida de legajos.

El contexto de la salida de los papeles

Los legajos se almacenaban en el Archivo de la Guerra Civil, sito en Salamanca, pero la aprobación de una ley en 2005 avaló la salida de documentos hacia diversos Ayuntamientos, instituciones y familias particulares de Cataluña.

La norma se elaboró para restituir a sus dueños originales los papeles incautados por las tropas franquistas durante la Guerra Civil, pero a costa de sacarlos de su depósito en Salamanca. Voces críticas con la norma señalaron que la ley escondía realmente un pago político a partidos nacionalistas por sus votos en Madrid, pero sea como fuere, el Constitucional avaló la ley y los papeles comenzaron a desfilar. A lo largo de estos años otras regiones e instituciones también han plenteado el envío de 'sus' legajos.