Varias asociaciones de la Memoria Histórica de Castilla y León han avisado a la Junta que no van a parar su trabajo "ni a retroceder" ante el anuncio de PP y Vox de la tramitación de la Ley de Violencia Intrafamiliar y de la Ley de Concordia, que en este último caso anularía el Decreto de Memoria al ser el segundo una norma de menor rango.

Dichas asociaciones, repartidas por toda la región, manifestaron su "indignación y rechazo" a un pacto que "supone un ataque frontal contra los derechos fundamentales" y una "claudicación por parte del PP ante las políticas de odio que la ultraderecha ha exigido para garantizar la investidura de Alfonso Fernández Mañueco". Para estas agrupaciones, el PP "está tirando por la borda su propio trabajo, sus propias políticas". "Si algo que han visto tan necesario, como un Decreto de Memoria Histórica o sus aportaciones al problema de la violencia de género, es derogado solo para formar gobierno, quiere decir que el PP no está trabajando por Castilla y León, sino que lo único que quieren es conservar el poder, al margen de sus propios compromisos y de los principios democráticos", concluyen las asociaciones de la Memoria Histórica de Castilla y León.

Estas entidades señalan que la memoria histórica regional estaría regida por una Ley de Concordia que consideran "un uso demagógico de la palabra para atacar a los derechos de las víctimas y sus familias, y una actitud contraria a los derechos humanos", dado que "tras la exigencia de concordia, se esconde la voluntad de silencio y el abandono de las escasas políticas en favor de las víctimas de la dictadura militar". 

Postura de Vox

El portavoz de Vox en las Cortes y futuro vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, afirmó por su parte que el decreto de Memoria Histórica vigente será sustituido por el de “concordia”, mientras que el ‘popular’ Raúl de la Hoz aseguró que no se van a limitar derechos “a nadie” y emplazó a “la literalidad” del acuerdo de gobierno.

Durante su comparecencia tras la reunión de la Junta de Portavoces, que fijó el pleno de investidura de Alfonso Fernández Mañueco, García-Gallardo argumentó que el actual decreto de Memoria Histórica “contribuye a dividir” al centrarse en una parte, como los represaliados de la Guerra Civil.

El acuerdo entre PP y Vox recoge que la tramitación de “una normativa en materia de concordia”, punto tercero del pacto, se iniciará antes del 30 de junio. “Dijimos que no se va a utilizar la historia para dividir”, anotó García-Gallardo. Poco después, Raúl de la Hoz se remitió a “la literalidad” del acuerdo de gobierno, aseguró que la propuesta será “escrupulosa con el acuerdo” y pidió esperar a “los próximos meses”, aunque garantizó que no se va a limitar derechos de “nadie”.