Las sanciones por consumo o tenencia de drogas en lugares públicos experimentaron un notable descenso en Salamanca durante 2025. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tramitaron 1.019 infracciones al amparo de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, frente a las 1.935 contabilizadas en 2024. La diferencia supone una caída del 47,3 % en apenas un año.

El descenso refleja un cambio importante en la evolución de este tipo de infracciones en la provincia, donde las multas por consumo o tenencia de estupefacientes habían mantenido una tendencia ascendente durante los últimos años. En el conjunto de Castilla y León también se produjo una reducción, aunque más moderada, con 12.272 sanciones en 2025, un 14,5 % menos que en el ejercicio anterior.

Los datos del Ministerio del Interior muestran que las infracciones relacionadas con las drogas siguen siendo el principal motivo de aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana. En Castilla y León representaron el 63,3 % de las 19.460 sanciones impuestas durante el pasado año.

La normativa contempla también otras conductas vinculadas a los estupefacientes, como las plantaciones de drogas, el traslado de personas en vehículos para facilitarles el acceso a estas sustancias o la falta de diligencia de los responsables de establecimientos para impedir su consumo o tráfico. En la Comunidad se contabilizaron ocho sanciones por plantaciones, dos por traslados y nueve por incumplimientos relacionados con establecimientos públicos.

Más allá de las drogas, las infracciones relacionadas con las armas constituyeron otro de los motivos habituales de sanción en Castilla y León, con 2.873 expedientes durante 2025. También se registraron 1.784 multas por faltas de respeto a los agentes y otras 1.340 por resistencia o desobediencia a la autoridad.

En cuanto al procedimiento, las denuncias formuladas por los agentes llegan a las subdelegaciones del Gobierno, que se encargan de instruir los correspondientes expedientes administrativos. Los afectados disponen de un plazo de quince días para presentar alegaciones y pruebas. Si optan por el pago voluntario, pueden beneficiarse de una reducción del 50 % en la cuantía de la multa y poner fin al procedimiento.