La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a dos años de prisión al responsable de una empresa de compraventa de vehículos de Villares de la Reina por estafar a una empresa salmantina a la que cobró 83.012 euros por un camión que nunca llegó a entregar. La sentencia considera probado que el acusado no realizó ninguna gestión efectiva para adquirir el vehículo y que nunca tuvo intención de cumplir el acuerdo.

Los hechos se remontan a marzo de 2024, cuando el responsable de la empresa contactó con el representante de la mercantil perjudicada para ofrecerle un camión Scania G410 por un precio pactado de 74.000 euros. Para cerrar la operación, le solicitó distintos pagos: primero, 8.000 euros en concepto de reserva; después, 71.135 euros como importe completo del vehículo y, finalmente, otros 3.877 euros por los supuestos gastos de transporte.

Pese a haber recibido el dinero, el acusado no entregó el camión ni facilitó información verificable sobre su importación o disponibilidad. Según recoge el fallo, después del último pago fue evitando progresivamente las comunicaciones con el comprador y ofreciendo explicaciones contradictorias.

La resolución señala que tampoco llegó a realizar ningún movimiento ni actuación comercial dirigida a adquirir el vehículo. El propósito era obtener el dinero sin cumplir con la venta.

La empresa perjudicada consiguió recuperar 3.872 euros mediante una transferencia realizada por el acusado en junio de 2024. Otros 71.185 euros habían quedado bloqueados en las cuentas de destino. La cantidad que reclamaba por el dinero entregado y no recuperado ascendía a 7.955 euros.

Antes de la celebración de la audiencia preliminar, el acusado consignó esa cantidad en concepto de reparación del daño. La empresa reclamó también una compensación por los gastos que tuvo que asumir al alquilar otro camión para continuar con su actividad laboral.

Finalmente, la sentencia fija una indemnización de 7.955 euros por el dinero defraudado y otros 2.000 euros por los perjuicios derivados del alquiler de otro vehículo. La responsabilidad civil subsidiaria también recae sobre la mercantil vinculada al acusado.

El acusado reconoció los hechos y mostró su conformidad con las conclusiones modificadas por el Ministerio Fiscal durante la audiencia preliminar, celebrada el 14 de octubre de 2026. La acusación particular y la defensa se adhirieron a esa calificación, lo que permitió dictar sentencia de conformidad.

La Audiencia Provincial le condena por un delito de estafa a dos años de prisión y ocho meses de multa, con una cuota diaria de ocho euros. También aprecia la agravante de reincidencia, ya que el condenado contaba con una sentencia anterior por estafa dictada en 2022.

No obstante, el tribunal acuerda suspender la pena de prisión durante un periodo de tres años, condicionado a que no vuelva a delinquir, al pago de los 2.000 euros adicionales por los perjuicios en un plazo de tres meses y a la realización de 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad