La vivienda se ha convertido en el gran asunto político de España. Y el fracaso de los dos decretos aprobados esta semana por el Gobierno y rechazados por el Congreso debería servir para algo más que para intercambiar acusaciones entre partidos.

Porque el problema de la vivienda es demasiado grande como para reducirlo a un decreto, demasiado serio para convertirlo en una batalla parlamentaria y demasiado cotidiano para que las familias tengan que esperar a la próxima votación para saber si pueden seguir pagando su casa. Este Gobierno ha querido simbolizar algo extraño en la acampaña de Sol o en el caso 'Maricarmen'. El problema de la vivienda no puede resolverse en un decreto a contrarreloj después de más de siete años largos de gobierno en coalición con fuerzas políticas de diversa ideología, condición e intereses. Eso es querer desviar las responsabilidades.

Los dos decretos pretendían actuar sobre la protección frente a determinados desahucios, la estabilidad de los alquileres, la oferta de vivienda asequible y distintas medidas fiscales. No han conseguido superar el Congreso, esencialmente porque se olvidada de una parte importante de esta historia: los propietarios. Demonizados especialmente por los partidos de la izquierda, hay que reparar en que la gran mayoría son pequeños ahorradores que disponen de una segunda vivienda en propiedad que alquilan para completar o complementar sus ingresos, no para especular.

Pero conviene mirar más allá del fracaso de estas dos normas. El precio de la vivienda sigue creciendo con fuerza. Y, al mismo tiempo, el gasto de los hogares está sometido a una presión considerable. Para muchas familias, vivienda, electricidad, alimentación y transporte salen exactamente del mismo salario. Ahí está el verdadero problema.

Por ejemplo, Ceuta, Melilla y Canarias recuerdan que la política de vivienda no puede plantearse al margen de la política territorial, demográfica y de fronteras. Una vivienda no aparece porque un Gobierno la declare asequible en el Boletín Oficial. Hace falta suelo, seguridad jurídica, infraestructuras, servicios y capacidad para ordenar el territorio.

La frontera exterior de España también forma parte de la conversación sobre población, territorio y vivienda. Un país que no sabe si es un país difícilmente puede hacer una política nacional de vivienda. No se trata de negar las competencias de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos. Se trata de algo más elemental: que el Estado tenga una estrategia común.

Suelo, vivienda, transporte, agua, energía e infraestructuras forman parte de la misma ecuación. No puede haber una política de vivienda que cambie radicalmente según el territorio ni una política que se reinvente cada legislatura. La vivienda necesita continuidad.

Una familia no hace sus cuentas separando el alquiler o la hipoteca de la factura de la luz y de la cesta de la compra. Todo sale del mismo salario. Por eso una política de vivienda que ignore el precio de la energía y de los alimentos está incompleta desde el principio. Luz y cesta a un precio que una familia pueda pagar. Lo demás corre el riesgo de convertirse en teatro. Una casa no son solamente cuatro paredes. Es también el barrio en el que está, las calles por las que se llega, el colegio al que van los niños, el hospital al que acudirá una familia cuando lo necesite y el transporte que conecta ese hogar con el trabajo.

Aqui llegamos al principio de todo. Trabajo. No subsidio como única respuesta: Contrato. La gente no quiere que le regalen el alquiler. Quiere poder pagarlo. Quiere un salario que permita pagar una vivienda, llenar la nevera, encender la calefacción y criar a los hijos. Las ayudas son necesarias cuando una familia cae en una situación de vulnerabilidad. Pero una política de vivienda sostenible no puede descansar eternamente sobre la subvención. Necesita empleo,salarios, productividad, capacidad de ahorro y que trabajar vuelva a ser, para millones de personas, la vía normal para poder construir una vida independiente.

Por eso el debate sobre los desahucios, siendo necesario, no puede terminar en los desahucios. El desahucio es el momento en que una cadena de problemas llega a su último eslabón. Antes han podido estar el precio de la vivienda, la falta de oferta, un salario insuficiente, una separación familiar, una enfermedad, el desempleo, una pensión que no alcanza o una ciudad en la que cada vez es más difícil vivir. El desahucio es el síntoma, el vacío mental es la enfermedad.

Y mientras el Congreso tumba decretos, aparece además otra incógnita: la continuidad de la legislatura. La posibilidad de un adelanto electoral forma ya parte del debate político. Pero incluso si hubiera elecciones, la vivienda seguiría ahí al día siguiente. Con otro Gobierno, con otro Parlamento o con la misma mayoría, seguiría faltando vivienda donde más se necesita. Seguirían existiendo hogares con dificultades para llegar a fin de mes. Y seguiría siendo necesario decidir cuánto se construye, dónde, para quién y con qué servicios.

España no necesita otra guerra de eslóganes sobre la vivienda. Necesita una política de vivienda que dure más que un decreto, que entienda que la casa empieza mucho antes de abrir la puerta de una vivienda.