Unión del Pueblo Leonés ha llevado a las Cortes de Castilla y León la situación de las 23 familias de Babilafuente que se encuentran en riesgo de desahucio de las viviendas en las que residen. La formación ha registrado una batería de preguntas dirigida a la Junta para reclamar su implicación y que medie con la SAREB en busca de una solución que permita evitar los lanzamientos.

La iniciativa parlamentaria de UPL parte de la situación generada después de que las viviendas pasaran a ser propiedad de la SAREB, mientras que las familias, según expone la formación, continuaron abonando sus alquileres a la empresa con la que habían firmado inicialmente sus contratos.

Por ello, los leonesistas quieren conocer qué actuaciones prevé llevar a cabo la Junta para garantizar el derecho a la vivienda de estas 23 familias y evitar que se produzcan los desahucios. La formación reclama al Ejecutivo autonómico que intervenga ante la SAREB y que, a la hora de abordar el futuro de estas viviendas, se tenga en cuenta la situación real de las familias afectadas.

Según recoge UPL en su iniciativa, los afectados no se encontrarían en esta situación por haber dejado de pagar sus alquileres. La formación sostiene que las familias han continuado abonando los recibos, aunque los pagos se realizaban a la empresa que figuraba inicialmente como arrendadora.

El problema, según denuncia UPL, es que dicha empresa tenía el CIF revocado desde 2019 y habría continuado formalizando contratos de alquiler y cobrando las mensualidades. Los afectados, añade la formación, no habrían sido informados de esta circunstancia.

A esta situación se suma el cambio de titularidad de los inmuebles. UPL sostiene que las familias tampoco habrían recibido comunicación de que las viviendas habían pasado a ser propiedad de la SAREB, que actualmente no las reconoce como inquilinos al no haber recibido directamente los pagos de los alquileres.

Ante este escenario, UPL reclama al Gobierno autonómico que se implique directamente en el conflicto, que medie con la SAREB y que explore vías que permitan evitar el desahucio de las familias.

La formación también plantea que la Junta valore las circunstancias en las que se encuentran los afectados, especialmente el hecho de que, según su versión, han seguido pagando las cantidades correspondientes al alquiler y desconocían tanto la situación de la empresa como el cambio de titularidad de las viviendas.