La investigación del denominado caso Leire da un nuevo paso con consecuencias directas para la dirección de la Guardia Civil. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado citar como investigados a la directora general del instituto armado, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, por su presunta participación en unos hechos que podrían constituir delitos de prevaricación administrativa y contra la Administración de Justicia.

Ambos deberán comparecer ante el magistrado el próximo 16 de julio, después de que la Fiscalía Anticorrupción respaldara su imputación en el marco de las diligencias abiertas sobre las presuntas maniobras impulsadas por la exmilitante socialista Leire Díez para investigar a la Unidad Central Operativa (UCO) por supuestas filtraciones relacionadas con causas que afectan al Gobierno.

Pese a esta decisión judicial, el Ministerio del Interior ha dejado claro que mantiene intacta su confianza en los dos responsables de la Guardia Civil. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska aseguran que tanto Mercedes González como Manuel Llamas continuarán desempeñando sus funciones con normalidad y colaborarán con la Justicia en todo lo que sea necesario.

El auto del juez se produce pocos días después de que declararan como testigos varios altos mandos de la Guardia Civil. Entre ellos destacó el exjefe de la UCO, Rafael Yuste, quien confirmó ante el magistrado que Manuel Llamas trasladó la conveniencia de "ponerse de perfil" y no actuar de forma especialmente proactiva en investigaciones con una elevada repercusión política.

No obstante, el propio Yuste precisó durante su comparecencia que los agentes no llegaron a sentirse presionados, una matización que también forma parte del procedimiento judicial.

En su resolución, Pedraz considera que existen indicios suficientes para continuar investigando la actuación de Mercedes González y Manuel Llamas, aunque recuerda que será la instrucción la que determine finalmente si existieron responsabilidades penales.

La relación entre Leire Díez y Mercedes González

La investigación judicial sostiene que Leire Díez habría tratado de promover una investigación interna contra la UCO al considerar que esa unidad podía estar detrás de determinadas filtraciones publicadas en medios de comunicación.

Según los informes elaborados por la propia UCO, Mercedes González mantuvo tres reuniones con Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025. La directora general negó posteriormente en su comparecencia en el Senado que en esos encuentros se abordara cualquier actuación contra la unidad de élite de la Guardia Civil.

Uno de los aspectos que más atención ha despertado entre los investigadores son varios mensajes intercambiados entre ambas después de que se difundieran conversaciones de WhatsApp entre el exministro José Luis Ábalos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los agentes sostienen que parte de esas conversaciones fueron eliminadas y apuntan a que la directora general activó el borrado automático de mensajes con una caducidad de 24 horas, un extremo que figura reflejado en los informes incorporados a la causa.

La acusación popular, encabezada por el Partido Popular, también había solicitado la imputación del exdirector general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos.

Sin embargo, el magistrado ha descartado de momento esa posibilidad al entender que los hechos atribuidos a Marcos no encajan por sí solos en ningún tipo penal, aunque deja abierta la puerta a revisar esa decisión si durante la investigación aparecieran nuevos elementos.

Las asociaciones de guardias civiles reclaman responsabilidades

La decisión judicial ha provocado una rápida reacción entre las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha solicitado la dimisión inmediata de Mercedes González y el cese de Manuel Llamas al considerar que la permanencia de ambos resulta incompatible con la responsabilidad que ejercen. La organización subraya además que la petición de imputación procede también de la Fiscalía Anticorrupción, lo que, a su juicio, agrava la situación.

En términos similares se ha pronunciado Jucil, que también reclama la salida del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La asociación considera que mantener en sus puestos a los máximos responsables de la Guardia Civil mientras están siendo investigados perjudica la imagen y la neutralidad de la institución.

Por su parte, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) adopta una posición más prudente. Defiende el respeto a la presunción de inocencia, aunque advierte de que, si la investigación confirma indicios sólidos de culpabilidad, solicitará igualmente el relevo de la directora general para evitar un mayor desgaste de la imagen del cuerpo.

Una postura similar mantiene Independientes de la Guardia Civil (IGC), cuyo presidente, Daniel Fernández, ha pedido dejar actuar a la Justicia antes de exigir responsabilidades políticas, al tiempo que reclama que el procedimiento judicial no frene los proyectos pendientes que afectan a los agentes, como el reconocimiento de la profesión de riesgo.

Mientras avanza la investigación, el caso sitúa por primera vez en el centro del procedimiento judicial a los dos máximos responsables operativos de la Guardia Civil, una circunstancia que incrementa la presión política sobre el Ministerio del Interior y añade un nuevo capítulo a una causa que continúa ampliando su alcance.