Salamanca ha registrado 5.041 solicitudes en el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España, una iniciativa que ha recibido 39.981 peticiones en Castilla y León y 1.174.978 en todo el país, según los datos facilitados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La cifra sitúa a Salamanca entre las provincias de la comunidad con mayor número de solicitudes, solo por detrás de Valladolid (8.337), Burgos (7.774) y León (5.830). Tras Salamanca se sitúan Segovia (3.690), Ávila (3.215), Soria (2.089), Palencia (2.075) y Zamora (1.950).

Durante el desarrollo del proceso, el Ministerio asignó a Castilla y León un total de 18.646 citas, el 2,9 % de las 641.386 concedidas en el conjunto del país.

A nivel nacional, más de 608.000 solicitudes ya han sido admitidas a trámite, lo que supone la concesión de una primera autorización temporal para residir y trabajar.

Según los datos del Gobierno, el 67 % de los solicitantes proceden de América Central y América del Sur. Por nacionalidades, Colombia concentra el mayor número de solicitudes, con el 26 % del total, seguida de Marruecos (13,4 %), Venezuela (11,7 %) y Perú (8,8 %).

Las comunidades autónomas con más solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000, seguida de Madrid (202.000), Comunidad Valenciana (167.000) y Andalucía (161.000).

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado el procedimiento como "un verdadero hito en nuestra política migratoria" y ha asegurado que permitirá que "cientos de miles de personas que ya residen en nuestro país, pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza".

El plazo para presentar las solicitudes permaneció abierto desde el 16 de abril hasta el 30 de junio. La medida, aprobada por el Gobierno mediante real decreto, nace de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada por más de 600.000 firmas, que quedó bloqueada en el Congreso por falta de acuerdo parlamentario.

Podían acogerse a este proceso las personas migrantes que residieran de forma irregular en España desde antes del 1 de enero y llevaran al menos cinco meses viviendo en el país, así como quienes hubieran solicitado asilo antes de esa fecha, siempre que carecieran de antecedentes penales.