Una operación conjunta de la Guardia Civil, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Fiscalía Europea ha permitido destapar un fraude de 3,3 millones de euros relacionado con subvenciones de la Unión Europea destinadas a fomentar el empleo en las provincias de Salamanca y Zamora.

La investigación, que se habría prolongado durante más de 15 años (2010-2025), se ha saldado con la detención de un hombre y la investigación de una mujer por presuntos delitos de fraude de subvenciones, blanqueo de capitales y falsificación documental.

Durante la operación se practicaron cinco registros en viviendas y negocios vinculados a los sospechosos en ambas provincias. Como resultado, los agentes lograron bloquear 558.375 euros en un total de 16 cuentas bancarias, identificar hasta 40 propiedades relacionadas con el entramado e intervenir 7.276 euros en efectivo en moneda fraccionada. Además, se incautaron numerosos dispositivos electrónicos que están siendo analizados para avanzar en la investigación.

Según las pesquisas, el principal investigado era presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro que recibieron más de 20 subvenciones procedentes del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

El presunto fraude consistía en solicitar ayudas similares para distintas entidades con el objetivo de captar fondos destinados a fomentar el empleo y fijar población en el medio rural. Posteriormente, habría creado una red de empresas para desviar el dinero mediante facturas falsas y operaciones ficticias, incluyendo una sociedad vinculada a proyectos de cooperación transfronteriza en más de un centenar de localidades de España y Portugal.

Uso de testaferros y fondos en Portugal

La investigación también apunta a que parte del dinero se canalizó a través de cuentas bancarias en Portugal, controladas por el propio sospechoso, con el objetivo de ocultar los beneficios obtenidos. Asimismo, se ha investigado a su pareja, funcionaria pública, por su presunta colaboración en el entramado, facilitando la obtención de las subvenciones.

El destino final de los fondos habría sido, en parte, la inversión en bienes inmuebles y la puesta en marcha de una bodega en la provincia de Zamora, según han podido determinar los investigadores.

La operación ha sido dirigida por fiscales delegados de la Fiscalía Europea en Madrid y supervisada por la Audiencia Nacional, a través del Juzgado Central de Instrucción. La Fiscalía Europea es el organismo encargado de perseguir los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea. En este caso, el fraude estaba directamente vinculado a programas destinados a impulsar el empleo en zonas rurales, lo que agrava su impacto social.