Comisiones Obreras ha solicitado la convocatoria urgente de una reunión para adaptar la nueva jornada laboral de 35 horas semanales en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado mediante la Resolución de 14 de abril de 2026 de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Esta medida, incluida en el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI, supone un avance en los derechos laborales del personal público y abre la puerta a la implantación progresiva de esta jornada en los centros penitenciarios de todo el país.

Desde el Centro Penitenciario de Topas se valora positivamente la iniciativa, al considerar que mejorará las condiciones laborales de la plantilla, así como la calidad del servicio público y la salud laboral de los trabajadores.

No obstante, se advierte de que su aplicación debe ser inmediata y adaptada a la realidad del centro, donde persisten problemas estructurales como la falta de personal, el incremento de la población reclusa y la sobrecarga de trabajo en los distintos servicios.

La resolución establece un plazo de un mes para su adaptación, que deberá negociarse en la Mesa Delegada de Instituciones Penitenciarias. Además, los calendarios laborales deberán modificarse en todo aquello que contradiga la nueva normativa.

En este proceso se defenderá una aplicación real y efectiva de la jornada de 35 horas, la adecuación de turnos sin merma del servicio público y la cobertura de las necesidades de personal para garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento del centro.

Se insiste en que esta reducción de jornada debe ir acompañada de medidas organizativas y refuerzo de plantilla, especialmente en un centro como el de Topas, donde la presión asistencial y de seguridad es elevada.

Finalmente, se subraya el compromiso de informar a la plantilla con transparencia sobre el desarrollo de la negociación, con el objetivo de alcanzar acuerdos que respeten tanto los derechos laborales como la calidad del servicio público penitenciario.