El juicio contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos afronta esta semana una fase determinante con la comparecencia de antiguos altos cargos de su etapa en el Ministerio y nuevos testigos vinculados a la investigación sobre el presunto amaño de contratos de material sanitario durante la pandemia.

Tras una primera semana centrada en supuestas irregularidades en la contratación de mujeres vinculadas al entorno del exministro en empresas públicas, el procedimiento entra ahora de lleno en el núcleo del caso: la adjudicación de contratos de mascarillas a cambio, presuntamente, de comisiones ilegales.

En el banquillo -de forma figurada-, se encuentran el propio Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerados piezas centrales de la presunta trama. La Fiscalía solicita penas de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Aldama, al atribuirles la supuesta coordinación para favorecer adjudicaciones en organismos dependientes del Ministerio de Transportes como Adif y Puertos del Estado.

El avance del juicio en el Tribunal Supremo estará marcado por la declaración de varios antiguos responsables del área de Transportes y de organismos públicos implicados en la gestión de contratos durante la pandemia.

Entre los testigos más relevantes destaca la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, citada en el marco de la investigación sobre la contratación de personal y la gestión de adjudicaciones. También comparecerán otros ex altos cargos de Adif y Puertos del Estado, además de responsables del Ministerio de Transportes. Uno de los focos de atención será la declaración de Patricia Úriz, expareja de Koldo García, quien ya ha reconocido haber recogido dinero en efectivo en la sede del PSOE como supuesto reintegro de gastos. Su testimonio podría ser clave para aclarar el uso de un supuesto lenguaje en clave detectado por la investigación.

Según la Guardia Civil, en algunas comunicaciones se utilizaban términos como 'chistorras' para referirse a billetes de 500 euros, 'soles' para los de 200 y "lechugas" para los de 100, una interpretación que la propia investigada ha negado.

La causa judicial gira en torno a la presunta adjudicación irregular de contratos de material sanitario durante la pandemia, especialmente mascarillas, en un contexto de emergencia sanitaria.

La investigación apunta a que estos contratos habrían sido concedidos a empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama a cambio de presuntas comisiones. En paralelo, se analiza el papel de distintos cargos intermedios del Ministerio de Transportes y organismos dependientes en la tramitación de estos expedientes. Entre los comparecientes también figuran el exdirector general de Carreteras, el subsecretario de Transportes y otros altos cargos de Adif y Puertos del Estado, además de responsables del entorno sanitario durante la etapa inicial de la pandemia.

El caso, que se instruye en la Audiencia Nacional y tiene su juicio principal en el Tribunal Supremo, también investiga otras ramas relacionadas con supuestas irregularidades en contrataciones públicas y posibles enchufes en empresas estatales. En este contexto, se analiza el posible papel de intermediación entre el Ministerio y los organismos adjudicadores, así como la relación entre distintos cargos políticos y administrativos durante la gestión de la crisis sanitaria.

El procedimiento judicial contra Ábalos y su entorno se ha convertido en uno de los casos más relevantes derivados de la gestión de contratos públicos durante la pandemia en España, tanto por el perfil de los investigados como por el volumen de contratos analizados y las elevadas peticiones de pena.

La semana que comienza se perfila así como decisiva para esclarecer el funcionamiento interno de la presunta trama y el papel de cada uno de los implicados en la adjudicación de contratos de emergencia.