Con la llegada del nuevo año, el Ayuntamiento de Salamanca entran en vigor las ordenanzas fiscales para 2026, un documento que marca las principales novedades en impuestos, tasas y precios públicos que entraban en vigor este 1 de enero. La principal medida es la congelación de los impuestos municipales por duodécimo año consecutivo.

Esto afecta al IBI, la plusvalía, el impuesto de actividades económicas, el de vehículos y el de construcciones, instalaciones y obras, que no experimentarán subida alguna. Además, se conservarán todas las bonificaciones y beneficios fiscales destinados a familias con menos recursos y al impulso de la actividad económica.

Donde sí habrá cambios será en determinados servicios sujetos a compromisos contractuales. Se contempla una actualización del 2,7%, equivalente al PIB interanual de referencia, en los precios públicos del agua y alcantarillado, servicios funerarios y cementerios, Mercado Central, depuración y estacionamiento del Centro de Transportes. El Ayuntamiento explicó que estas subidas responden a la obligación legal de ajustar las tarifas al ritmo de la inflación. El transporte urbano también se ve afectado por esta actualización del 2,7%, aunque se mantendrán sin cambios los bonobuses especiales. 

Uno de los ajustes más relevantes llegará con la tasa de basuras, como consecuencia de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La normativa obliga a que el servicio no sea deficitario y que el importe esté vinculado a la generación de residuos. En Salamanca, el coste total del servicio ronda los 23 millones de euros anuales.

Para aproximarse a esa cifra, en 2026 se aplican dos coeficientes ya incorporados el año anterior: uno basado en la cantidad de residuos generados (a más residuos, mayor penalización; a menos, más bonificación) y otro ligado a la evolución del reciclaje en la ciudad. En la práctica, este ajuste supondrá que el 81% de las viviendas paguen entre 1,14 y 1,35 euros más al mes.