La Asociación de Empresarios Salmantinos de Automóviles y Talleres (AESAT), integrada en CEOE CEPYME Salamanca, ha mantenido una reunión de trabajo con la subdelegada del Gobierno en la provincia, Rosa López, para abordar el creciente problema de los talleres ilegales. La organización empresarial advierte de que esta actividad clandestina se está extendiendo por todo el territorio, desde áreas urbanas hasta polígonos y zonas rurales.

El presidente de AESAT, Alberto Moreno de Vega, trasladó que el incremento de estos establecimientos "ya no es solo un asunto económico, sino una cuestión de seguridad pública". Según explicó, estos talleres operan completamente al margen de la normativa: no gestionan correctamente los residuos peligrosos, utilizan piezas sin trazabilidad -a menudo procedentes de desguaces no autorizados- y realizan reparaciones sin herramientas calibradas ni controles obligatorios.

"Un vehículo reparado sin garantías puede convertirse en un problema grave: frenos mal ajustados, neumáticos mal montados o fallos eléctricos sin comprobar pueden tener consecuencias irreversibles", advirtió Moreno de Vega.

AESAT también subrayó el perjuicio que esta práctica supone para los talleres legales, que sí cumplen con las obligaciones de inversión, personal cualificado, seguros, controles de residuos y demás requisitos administrativos. Además, alertaron de que muchos usuarios recurren a estos talleres clandestinos buscando precios más bajos sin ser conscientes de los riesgos reales: reparaciones sin factura, ausencia de garantías, posibilidad de perder la garantía del fabricante o incluso que el vehículo no supere la ITV tras una intervención defectuosa.

La asociación recordó que dispone de un canal confidencial para denunciar prácticas fraudulentas, medioambientales o de intrusismo, garantizando el anonimato de quienes comuniquen irregularidades.

AESAT agradeció la disposición a colaborar por parte de la Subdelegación del Gobierno y reafirmó su compromiso con la legalidad, la seguridad y la calidad del servicio. La organización concluyó que seguirá trabajando para proteger tanto a los talleres que cumplen la normativa como a los consumidores frente a riesgos innecesario.