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La Fundación Franz Weber solicita al Procurador del Común una auditoría de la Escuela Taurina de Salamanca
El colectivo animalista cree que existen indicios de una gestión "poco adaptada al contacto con personas menores de edad"
La Fundación Franz Weber ha publicado su escrito de solicitud al Procurador del Común de una auditoría de la Escuela Taurina de Salamanca, subrayando la ley de Promoción, Atención y Protección a la Infancia en Castilla y León y la obligación de proteger a toda persona menor de edad contra cualquier forma de violencia o maltrato.
Los naturalistas registraron su petición, recogida por la Agencia Ical, recordando que el artículo 15 de esta norma autonómica exige una "protección activa" de niños y adolescentes, algo que en los presuntos casos de acoso escolar y acoso sexual denunciados públicamente "no parece haberse cumplido" y la responsabilidad última, denuncian, es de la Diputación Provincial de Salamanca.
A renglón seguido, señala Franz Weber que el artículo 16 exige poner "en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal los hechos relativos (…), ejercitando, en su caso, las acciones civiles y penales que procedan" que sin embargo "no han sido lideradas por el Gobierno Provincial, sino por las familias afectadas", lo que evidenciaría un "claro desinterés" por esa necesaria protección o por la resolución de los hechos denunciados.
En su escrito FFW trasladó "su preocupación por los hechos denunciados en el entorno de la Escuela Taurina de Salamanca" denunciando "una actitud desencajada de la Diputación, además de la falta de tacto mostrada por los propios responsables". Postura del PSOE.
La organización destacó que las propias familias advirtieron la falta de protocolos que permitieran dar respuesta a las denuncias y un profesorado sin la formación adecuada para el trato con diferentes rangos de edad, dado que la escuela taurina permite la matrícula desde los ocho a los 21 años.
Con estos antecedentes, la petición de la ONG internacional, que dispone de estatus consultivo ante el Comité de los Derechos del Niño, demanda del Alto Comisionado autonómico una investigación que audite el funcionamiento de la instalación taurina, el profesorado y su dirección, así como la gestión del área delegada en la Diputación de Salamanca.
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