El Fondo de Cohesión Territorial 2025 prevé el reparto de 2,6 millones de euros entre unos 330 municipios de Salamanca, aproximadamente el 90 por ciento del total, referido a aquellos menores de un millar de habitantes. La Junta de Castilla y León financia el 50 por ciento de las actuaciones, mientras la Diputación Provincial y los ayuntamientos aportan la otra mitad de los fondos, a razón del 25 por ciento cada uno, unos 654.000 euros, publica Ical. 

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado del diputado de Desarrollo Rural, Antonio Labrador, destacó que este programa "es un ejemplo de colaboración entre administraciones que da resultados tangibles y mejora la vida de los vecinos del medio rural".

Así, Iglesias detalló que este fondo, cuyas bases se llevarán este viernes al pleno para su aprobación, tiene como objetivo financiar inversiones en infraestructuras y equipamientos municipales básicos, contribuyendo a garantizar los servicios mínimos y obligatorios en los pueblos más pequeños de la provincia. "Son este fondo se trata de igualar a totos los habitantes, favoreciendo a los que tiene más dificultades y creo que es una buena medida de compensación", valoró.

Según apuntó Iglesias, en declaraciones publicadas por Ical, "cada euro invertido en los pueblos es una apuesta por el futuro de la provincia y por la igualdad de oportunidades entre quienes viven en el campo y quienes viven en la ciudad".

Las ayudas permitirán a los ayuntamientos realizar obras de mejora en servicios básicos, como pavimentaciones, abastecimiento, saneamiento, alumbrado o instalaciones municipales, que contribuyen a mantener en buen estado los equipamientos locales y a fortalecer el bienestar de los vecinos.

Además, el presidente explicó que el Fondo de Cohesión Territorial se gestiona a través de la Diputación Provincial, que coordina la tramitación y el seguimiento de las inversiones, a través de la Delegación de Desarrollo Rural, que encabeza el diputado Antonio Labrador, quien explicó que el fondo comprende actuaciones ejecutadas entre el 1 de enero de 2025, con carácter retroactivo, y el 31 de diciembre de 2026.

Las solicitudes de los ayuntamientos se presentarán en sede electrónica en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).