El abogado Carlos Neira, defensor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes ante el juez que sí contaba con el mandato expreso de su cliente para alcanzar un pacto con la Fiscalía, que implicaba reconocer dos delitos fiscales. Así lo habría hecho constar en un correo enviado el 2 de febrero de 2024, en el que propuso una conformidad para agilizar el proceso.

Neira ha declarado durante una hora como testigo ante el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, en el marco de la investigación por la filtración de ese correo que ha puesto en el punto de mira al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez.

El abogado ha afirmado que el 30 de enero se reunió con González Amador, quien le planteó su deseo de "hacer el menor ruido posible" y "causar el menor daño a su pareja", lo que le llevó a optar por el camino del pacto. Según Neira, su cliente le dijo que entendía perfectamente lo que significaba asumir los hechos y que le dejaba el asunto en sus manos.

Con ese supuesto mandato, Neira redactó y envió el correo a la Fiscalía y a un abogado del Estado, admitiendo "de común acuerdo" con su cliente la comisión de dos delitos fiscales. No obstante, no se lo mostró ni informó a nadie antes ni después de enviarlo.

Una versión que choca con la del propio González Amador

La declaración de Neira contradice la versión que González Amador ofreció el pasado viernes, cuando aseguró que no había autorizado ningún reconocimiento de delitos, negó haber cometido fraude fiscal y desvinculó totalmente a su abogado de sus decisiones. El empresario alegó que no conoció el contenido del correo hasta su filtración el 13 de marzo por la noche, tras lo cual se mostró perplejo y molesto.

Neira, por su parte, ha explicado que cuando su cliente le pidió explicaciones al día siguiente, le recordó que el pacto de conformidad fue una decisión conjunta, con el objetivo de cerrar el caso de forma rápida. Asegura que González Amador quedó satisfecho con sus explicaciones.

La filtración y el impacto político

El caso ha derivado en una investigación judicial por la filtración del correo del 2 de febrero, cuyo contenido fue revelado en prensa. La defensa de González Amador denuncia que esa filtración vulneró su derecho de defensa y secreto profesional, y pide que se investigue si hubo responsabilidades por parte del fiscal general o la fiscal jefe de Madrid.

Neira ha revelado también que el 12 de marzo, un día antes de la filtración, recibió un mensaje de un periodista de El País preguntando por un supuesto pago, pero sin mención alguna al correo o a una posible conformidad.

El abogado ha defendido que su modo de proceder ha sido el habitual en otras negociaciones con la Fiscalía, y que su intención era agilizar los trámites con el objetivo que —según él— compartía con su cliente: minimizar el impacto público del proceso.

Este episodio ha reavivado el fuego cruzado entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, con acusaciones de guerra judicial, lawfare y persecución política, mientras la investigación judicial trata de determinar si hubo o no una filtración interesada desde el Ministerio Fiscal. FUENTE: EFE