La acusación particular duplica la petición de pena de cárcel contra Fuentes en sus conclusiones finales

La fiscalía mantiene su petición mientras la defensa niega la estafa porque la titulación académica "no era relevante"

miércoles 14 mayo 2025, 14:11

Lectura estimada: 5 min.

Última actualización: jueves, 15 mayo 2025, 09:13

En las conclusiones finales tras la celebración del juicio contra José María Fuentes, exasesor municipal del Ayuntamiento de Salamanca, por estafa y falsedad documental, la Fiscalía ha mantenido la petición de dos años de prisión por cada delito, mientras que la acusación particular, en nombre del Ayuntamiento y la Sociedad Municipal de Turismo ha incrementado su petición previa.

Ha pasado de solicitar un año y dos meses por cada uno, a pedir una condena de dos años y seis meses de prisión por falsedad documental en documento oficial y tres años por delito de estafa. Eso además de sendas multas de doce euros diarios durante 11 meses, costas judiciales y el reintegro de 135.090 euros por sueldos percibidos durante tres años que, según los denunciantes, no debió haber cobrado.

La fiscalía considera acreditado tanto el engaño como la falsedad y interpelaba al argumento de que el título no era necesario "entonces no haberlo presentado".

En sus conclusiones, la acusación ha señalado que "resulta claro el delito de falsedad el propio acusado ha reconocido que no era licenciado, los testigos de la Universidad lo han dicho claro, reconoce que se presentaron documentos". Añade que se "trata de derivar hacia el contrato administrativo firmado y el devenir del mismo y es importante porque se presenta documentación. El proceso es relativamente sencillo. Se reúne la mesa de contratación, se abre sobre 1, se subsana lo que falte. Se abre el sobre dos, se valora y se elige y se pide documentación al licitador propuesto como adjudicatario", ha dicho y por eso "al resto no se le solicitan", refiriéndose a la documentación académica recogida en su currículum. A partir de ahí: "Se presentó esa documentación, pasó al consejo de administración y la falsedad está acreditada que es un medio para cometer una estafa... Existía una clara intencionalidad sabía desde el principio que sin esa titulación no podía ser adjudicatario".

Por contra la defensa se ha centrado, sobre todo, en rechazar la acusación de estafa porque considera que en la adjudicación "se ve claramente la experiencia profesional en la documentación presentada" y la titulación académica no era relevante. De hecho ha afirmado el abogado defensor: "No ha podido probarse si era trascendental la existencia de un título académico".

Su conclusión es que el PCW creo un ambiente de dudas del que en el Ayuntamiento buscaron como salir. "Había que buscar a algún responsable porque hay un magma que han venido unos jeques de pega que luego no lo eran y el eslabón más débil es el asesor. Había que buscar a un culpable y se echó mano de una circunstancia sin relevancia".

Algo que ha ido en la línea del alegato final lanzado por el propio José María.

LA VISTA

Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Salamanca acusación y fiscalía se han centrado tanto en acreditar que hubo estafa respecto a la oferta de empleo público para el cargo de asesor municipal como en la falsedad documental, centrado esta última en la titulación universitaria en Económicas falsa. El exasesor del Ayuntamiento fue el rostro visible del fallido proyecto 'Peace City World', conocido mediáticamente como el intento de convertir Salamanca en una especie de 'Nuevo Dubái'.

Fuentes fue contratado en 2020 como asesor externo especializado en inversiones estratégicas para la internacionalización de Salamanca, percibiendo 57.354 euros anuales, sin IVA. Según el Ministerio Público, accedió al puesto tras presentar documentación académica falsificada, entre ellas, un supuesto título de Licenciado en Economía por la Universidad de Salamanca, requisito que en el juicio se ha discutido si era o no indispensable para acceder al cargo.

Los documentos fueron entregados en junio de 2020 y compulsados por una directora gerente de la Sociedad Municipal, porque eran necesarios para acceder al puesto de asesor, lo que permitió la formalización del contrato público. La Universidad conf¡rmó la falsedad de esa titulación, procedió a la denuncia lo mismo que el Ayuntamiento de Salamanca.

Los documentos presuntamente falsificados incluyen:

- Un recibo de pago de tasas universitarias de 1997, con la firma falsificada de una secretaria de facultad.

- Un certificado académico manipulado, donde sustituyó un expediente real con 67 asignaturas suspendidas y 191 sin presentar por otro donde todas figuraban como aprobadas.

Ambos documentos fueron entregados en junio de 2020 y compulsados por una directora gerente de la Sociedad Municipal, lo que permitió la formalización del contrato público tras un proceso de licitación.

Por parte del Ayuntamiento han declarado, además del alcalde Carlos García Carbayo, como el que era concejal de Promoción Económica, Comercio y Mercados, Juan José Sánchez Alonso, que ha explicado tanto el proceso de contratación como la razón por la que se hace y ha señalado que sobre el retorno obtenido que fue "ninguno. Resultado cero". Y explicó que su labor fue que "hizo un análisis generalizado de los sectores de la ciudad y donde se podía potenciar pero no influyó de ninguna manera en los proyectos. No estaba dentro del proyecto que se hizo, lanzó unas generalidades pero no estuvo en los proyectos".

También una responsable municipal que reconoció que en el momento de la compulsa de la documentación no le pareció raro que no tuviera el sello "en ese momento no me llamó la atención porque estaba el logotipo y no me paré en el sello". No dudé de los títulos "puesto que había más documentación acreditativa que de alguna forma le daba valor. Existían varios documentos que hacían ver que esa licenciatura estaba cursada".

La directora de Sociedad de Turismo y Comercio, también como testigo, ha hablado sobre el procedimiento de contratación y sobre la labor de Fuentes una vez que ya ejercía el cargo reconociendo que nunca recibió quejas sobre su labor.

También la Universidad está personada en la causa como acusación particular y entre los testigos ha declarado el que fuera rector Ricardo Rivero, que aseguró que tuvo conocimiento de la falsificación de la titulación académica "en febrero de 2022 y por eso lo trasladé a fiscalía. Había algunas asignaturas superadas y recuerdo que tenía un buen número de créditos pendientes". Cuando se le presentó el modelo de tasas y el certificado de notas, reconoció que son "verosímiles. Tienen toda la apariencia".

Declaración también de dos secretarios académicos centrada en la posibilidad de dar verosimilitud y cómo se pudo dar de paso la certificación académica presentada por Fuentes.

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