La ley RD 666/2023 ha puesto en jaque al sector de los veterinarios. Esta legislación regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, una normativa que ha traído consigo las quejas de unos profesionales que este 11 de febrero, a las 11 horas, cerrarán sus consultas a lo largo de toda España. Una acción con la que buscan concienciar respecto a la necesidad de modificar esta ley en busca de que estos profesionales puedan ajustar los tratamientos según la evidencia científica, en lugar de unas fichas técnicas que en determinados casos están obsoletas o incompletas.

Este parón cuenta con el respaldo público del Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca, una institución presidida por Antonio Rubio, quien recalca que el objetivo es lograr "que al hacer un diagnóstico el veterinario pueda ceder medicamentos durante todo el tratamiento". Esta medida busca facilitar la curación de los animales, puesto que en caso de que se dé un problema un fin de semana o la farmacia no cuente con los medicamentos requeridos, estos podrían sufrir más de lo necesario.

Por todo ello, el Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca reclama "una serie de necesidades para el colectivo que redundarán en beneficio de la praxis profesional, de la salud y bienestar animal y, por ende, de la salud pública en la lucha contra las resistencias a los antimicrobianos". "Entendemos que en el momento de la prescripción debe de priorizar el buen criterio del profesional que es quien determina el tipo de tratamiento en base al diagnóstico efectuado y a sus conocimientos y experiencia", apuntillan.

Así mismo, esta legislación plantea un régimen sancionador "desproporcionado en cuanto a la tipificación de las infracciones y cuantía económica, provocando situaciones temerosas en los clínicos limitando su criterio médico". Lamento al que unen el gravamen del 21% de IVA, una demanda "tradicional" de un gremio que este 11 de febrero alzará la voz cesando sus labores durante una hora.