Las organizaciones agrarias ASAJA Salamanca, COAG y UPA han expresado su ma?s rotunda indignacio?n ante las desorbitadas multas impuestas a agricultores y ganaderos por ejercer su derecho a manifestarse.

Las sanciones, que ascienden a 600 euros por una manifestacio?n autorizada el pasado 8 de febrero y 10.401 euros por una protesta frente a la sede de la Junta de Castilla y Leo?n tambie?n autorizada hace casi un an?o, han generado una profunda preocupacio?n en el sector.

El pasado 8 de febrero, agricultores y ganaderos se congregaron en una tractorada para expresar sus legi?timas reivindicaciones, pero, sin embargo, la Subdelegacio?n del Gobierno en Salamanca ha respondido con multas de 600 euros a muchos de los participantes, una medida que ASAJA, COAG y UPA consideran completamente injusta y desproporcionada.

La situacio?n se agrava con las sanciones impuestas tras la manifestacio?n de hace un an?o frente a la Delegacio?n Territorial de la Junta de Castilla y Leo?n. Las multas, que en este caso alcanzan los 10.401 euros, se suman a la imputacio?n penal de nueve ganaderos. Las organizaciones agrarias denuncian que estas medidas son un intento claro de coartar el derecho a protestar de un sector ya de por si? castigado y vilipendiado.

ASAJA, COAG y UPA quieren sen?alar el agravio comparativo con lo sucedido en Catalun?a durante el refere?ndum ilegal y las posteriores manifestaciones donde se vivieron escenas de extrema violencia y se reivindicaban acciones ilegales y poco e?ticas. A pesar de la gravedad de estos hechos, muchos de los implicados van a ser amnistiados en nombre de la convivencia, aunque ma?s bien parece una decisio?n de conveniencia. "Es inadmisible que mientras en Catalun?a se perdona a quienes actuaron con violencia y fuera de la ley, en Castilla y Leo?n se castiga desproporcionadamente a quienes simplemente defienden su derecho a trabajar y a ser escuchados", sen?alan.

Los representantes de ASAJA, COAG y UPA han declarado que estas multas, especialmente las derivadas de la concentracio?n de ganaderos ante la sede de la Junta del an?o pasado son "una absoluta barbaridad y una cifra totalmente desproporcionada". An?aden que "no se identifico? a nadie en el momento de los hechos ni se tomo? ningu?n tipo de declaracio?n a los denunciados", lo que pone en cuestio?n la legalidad y legitimidad de las sanciones.

Las organizaciones esta?n trabajando arduamente para recurrir estas denuncias dentro del plazo establecido y paliar las sanciones que podri?an llevar a la ruina a muchos de los afectados. "Nuestra intencio?n no era dan?ar a nadie ni causar ningu?n destrozo, u?nicamente queri?amos ser escuchados por las administraciones", han afirmado.