El despacho salmantino especializado en sanciones administrativas 'recurreit.org' ha informado de que cientos de agricultores y ganaderos que cortaron la autovía A-62 en distintos puntos de la provincia de Salamanca, los pasados 5 y 7 de febrero, han comenzado a recibir "de forma indiscriminada" sanciones de 600 euros por infracciones de desobediencia, en el marco de las protestas por la nueva PAC y la falta de rentabilidad de las explotaciones. 

El abogado Carlos Nieto Herrero trasladó, en un comunicado la "mayúscula sorpresa de los manifestantes", dado que "en ningún momento" los agentes de la Guardia Civil les pidieron que disolvieras las concentraciones, al contrario, "hubo comunicación y colaboración con ellos en todo momento", ya que estuvieron velando por la seguridad de la protesta, y los manifestantes señalaron que incluso abrieron el paso a los vehículos que lo pedían.

La mayoría de los sancionados, algunos de los cuales han recibido hasta cuatro sanciones, anuncian recursos porque, desde su punto de vista, no desobedecieron ninguna orden y en todo momento colaboraron con la Guardia Civil. "En 'Recurreit.org' hemos podido recopilar numerosas pruebas videográficas que así lo atestiguan, por lo que tras asesorar a buen número de ellos, estamos presentando los recursos correspondientes para anular las sanciones", comentó Nieto Herrero.

El letrado considera que se trata de una decisión política con el objetivo de "castigar las protestas, vulnerando derechos fundamentales de los manifestantes. Buena prueba de ello es que en varios casos hay individuos que han sido sancionados por estar en dos concentraciones distintas al mismo tiempo, que se encontraban a más de 30 kilómetros de distancia una de la otra", ejemplificó. 

Además, el despacho señaló irregularidades en los trámites, dado que muchas sanciones se impusieron "sin que ningún agente identificase a nadie", por lo que los manifestantes desconocen cómo les pueden haber multado. Los agricultores sancionados anunciaron nuevas protestas ante la Subdelegación del Gobierno de Salamanca, si fuera necesario para denunciar la "persecución indiscriminada" que aseguran haber sufrido por ejercer su derecho de reunión y manifestación.