La acusación popular unificada en la conocida como causa Leire ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz la imputación de varios altos cargos de la Guardia Civil por su supuesta implicación en unas presuntas maniobras relacionadas con la Unidad Central Operativa (UCO). Entre los señalados figuran la directora general de la Guardia Civil Mercedes González, su antecesor Leonardo Marcos y el director adjunto operativo del cuerpo Manuel Llamas. La petición se basa en las diligencias practicadas tras las declaraciones de varios mandos del instituto armado.

Según el escrito, estos hechos podrían encajar en delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la Justicia, deslealtad profesional y revelación de secretos, en el contexto de las supuestas actuaciones atribuidas a la exmilitante socialista Leire Díez.

Uno de los testimonios clave ha sido el del exjefe de la UCO Rafael Yuste, quien relató que el DAO habría pedido a mandos del cuerpo "ponerse de perfil" y evitar actuaciones "proactivas" en asuntos con sensibilidad política. Aun así, matizó que no percibieron presiones directas.

La acusación sostiene que estas declaraciones refuerzan la necesidad de investigar posibles interferencias en el trabajo de la unidad policial especializada.

Uno de los puntos más relevantes del escrito se centra en las supuestas reuniones entre Mercedes González y Leire Díez. Mientras inicialmente se negó cualquier encuentro, posteriormente se reconocieron reuniones en cafeterías, elevando el número a tres contactos distintos. Según el informe de la UCO, esos encuentros habrían tenido lugar el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024, y el 2 de abril de 2025, aunque la responsable de la Guardia Civil ha ofrecido explicaciones cambiantes sobre su contenido. Además, en sede parlamentaria negó cualquier implicación en una supuesta trama contra la UCO y rechazó haber participado en maniobras dirigidas contra la unidad.

Otro elemento destacado de la investigación son unos mensajes intercambiados entre ambas protagonistas que habrían sido eliminados. La UCO apunta a que podría haberse activado un sistema de borrado automático con caducidad de 24 horas, lo que habría afectado a conversaciones relevantes para la causa.

La acusación popular interpreta esta circunstancia como un posible indicio de destrucción de pruebas, especialmente por su coincidencia temporal con la apertura de diligencias internas sobre la UCO.

El caso sigue en fase de instrucción y se apoya en informes policiales, testimonios y análisis de comunicaciones. Por el momento, el juez deberá decidir si admite o no la petición de imputación de los altos cargos solicitados por la acusación popular, en una causa que continúa generando tensión entre instituciones y que mantiene bajo escrutinio la relación entre mandos policiales y el entorno político.