El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha anunciado este viernes el inicio de los trámites para disolver el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), tras la reunión del Patronato de la Fundación del SERLA, ante el endeudamiento actual y la falta de financiación de un ente del que también forman parte UGT, CCOO y CEOE.

Con carácter previo al encuentro del Patronato, se ha celebrado una reunión convocada por la Dirección General de Trabajo, en el marco del Diálogo Social, para abordar las posibilidades de financiación de la Fundación.

Por parte de la Junta, se ha propuesto una cofinanciación asumiendo desde la Administración Pública el mismo coste que supondría la prestación de estos servicios a través de las Oficinas Territoriales de Trabajo y que el resto de los costes de mantenimiento del SERLA corran a cargo de los firmantes del acuerdo interprofesional. Los agentes sociales han declinado esta propuesta.

La patronal ha propuesto a la parte sindical la posibilidad de que el SERLA atienda únicamente los conflictos colectivos. Para ello, desde la Dirección General han indicado que habría que revisar la eficacia y la productividad del servicio porque actualmente es ineficiente y deficitario. Finalmente, esta propuesta no ha podido considerarse porque los sindicatos no han accedido.

El departamento de Veganzones, a través de un comunicado remitido a los medios, explica que una vez concluida la reunión, sin recibir propuestas de mantenimiento por parte de los miembros del ASACL, sin llegar a un acuerdo de financiación y teniendo en cuenta que no se contempla este "gasto superfluo" en los presupuestos generales de Castilla y León, ha dado comienzo la reunión del patronato de la Fundación en la que se ha decidido iniciar los trámites legales para su extinción contando con el voto a favor de la patronal.

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo sostiene haber puesto en todo momento a disposición de las partes el servicio público gratuito de las Oficinas Territoriales de Trabajo de la Junta que vienen asumiendo esta labor en todas de las provincias de la Comunidad, excepto en Valladolid.

Desde la Consejería de Industria señalan que, aunque en sus estatutos se estipula una participación tripartita en su patronato, en la práctica y sin que exista una normativa que obligue a ello, su financiación procede en exclusiva de los presupuestos públicos, lo que ha supuesto en 2022 un desembolso para la Administración de Castilla y León de 980.378 euros.

De este montante, 540.878 euros corresponden a gasto corriente para su mantenimiento y 440.000 euros a una subvención de la antigua Consejería de Empleo e Industria para cubrir el déficit presentado en sus cuentas.

El actual Gobierno autonómico ya eliminó en 2022 la subvención directa a sindicatos y patronal por importe de 232.500 euros en concepto de asistencia técnica, por considerarlo "gasto superfluo" que no incidía en el servicio que la Fundación presta a los ciudadanos.