El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible deja en el aire la posibilidad de que la ruta Salamanca-Fuentes de Oñoro no sea Obligación de Servicio Público e incluso que no sea para pasajeros.

Es la conclusión que se extrae de una reciente respuesta por escrito emitida por el Gobierno.

La Obligación de Servicio Público contempla que la administración subvencione líneas que no son rentables para favorecer la cohesión territorial y el acceso a la movilidad. Varios parlamentarios del PP por Salamanca preguntaron al Ministerio si conemplaba que la Junta de Castilla y León sufragase el transporte de viajeros de esta ruta, dado que las regiones también pueden establecer las obligaciones de servicio público.

La respuesta ministerial -redactada antes de la convocatoria de elecciones- explica que "el Gobierno no ha tomado una decisión respecto a los servicios ferroviarios a prestar en la línea Medina del Campo-Salamanca-Fuentes de Oñoro".

La conexión entre Medina del Campo y Salamanca sí "están declarados Obligaciones de Servicio Público (OSP) y se determinaron mediante Acuerdo de Consejo de Ministros y se formalizaron en el marco del contrato existente actualmente con Renfe, firmado en diciembre de 2018 y que tiene una duración de 10 años, con una posible prórroga de otros 5 años".

Un "análisis técnico completo"

¿Se podría aplicar esta figura al tramo restante Salamanca-Fuentes de Oñoro? La ampliación de este servicio requiere, antes que nada, "un análisis técnico completo y una tramitación posterior de la misma de acuerdo con el marco competencial vigente".

Ese informe debe analizar "la demanda potencial de estos servicios" desde "una perspectiva multimodal y desde una perspectiva de sostenibilidad económica, social y ambiental". También hay que evaluar "la viabilidad técnica, por disponibilidad de material rodante, personal, etc" y la disponibilidad presupuestaria. Para rematar, la ruta "debe estar acondicionada para estos servicios y permitir unos tiempos de viaje competitivos".

Transportes, finalmente, advierte de que las rutas ferroviarias pueden ser declaradas OSP "en caso de ser viables técnicamente, sostenibles desde los puntos de vista económico, ambiental y social, y respaldadas por estudios de demanda que aseguren su aprovechamiento futuro". El Gobierno, no obstante, "tiene interés en asegurar un sistema de transporte ferroviario eficiente y adecuado que responda a las necesidades de los ciudadanos".