La conexión ferroviaria entre Salamanca y Fuentes de Oñoro aún sigue rodeada de incógnitas. Por ejemplo, no tiene fecha de entrada en funcionamiento, no está clara cuál será la velocidad máxima y tampoco se sabe si servirá sólo para mercancías o también permitirá el transporte de pasajeros.

Los parlamentarios populares por Salamanca José Antonio Bermúdez de Castro, María Jesús Moro y Samuel Martín plantearon recientemente varias preguntas al Gobierno, para que aclarase definitivamente qué uso se dará al tren

Las contestaciones del Ejecutivo dejan entrever que la decisión no está tomada e 'invitan' a la Junta de Castilla y León a interesarse por la posibilidad de financiar el transporte de pasajeros.

El documento recuerda que Renfe "desarrolla la planificación de sus servicios de viajeros conforme a criterios de eficiencia, sostenibilidad y adecuación a la demanda, en el marco de la normativa vigente y de las distintas tipologías de servicios ferroviarios existentes" y aclara que la oferta se estructura "en servicios sujetos a Obligación de Servicio Público y servicios comerciales".

Los servicios comerciales se rigen por su propia eficiencia y rentabilidad económica, acorde a un régimen de competencia. Los de Servicio Público "responden a decisiones de la Administración competente, orientadas a garantizar la cohesión territorial y el acceso a la movilidad, contando con los correspondientes mecanismos de financiación" pública para que sean solventes. 

Y en este sentido, "se recuerda que, conforme a la normativa vigente, las comunidades autónomas pueden, en el ámbito de sus competencias, establecer y financiar con recursos propios servicios ferroviarios de Obligación de Servicio Público que complementen la oferta de Renfe recogida en el contrato con la Administración General del Estado".

Es cierto que, según insiste Renfe, la decisión no está tomada y se adoptará una resolución en el futuro.

Como antecedente, otras comunidades autónomas han determinado que determinados servicios de cercanías que discurren por su territorio son servicio público y Andalucía, por ejemplo, rubricó un contrato con Renfe para prestar este servicio entre Chiclana, San Fernando y Cádiz, aunque el tren Salamanca-Fuentes de Oñoro no tendría el mismo perfil de prestaciones ni de usuarios. Relacionada con este cuestión, Castilla y León logró en su momento que el Gobierno declarará obligación de servicio público las líneas del AVE que discurren por la región.

El documento del Gobierno añade, como consuelo, que "las actuaciones de construcción de los subsistemas ferroviarios, incluido el de energía (electrificación), se encuentran en su fase final", pero sin precisar cuándo podrían estar terminadas ni mucho menos cuándo entrarían en funcionamiento.