El Ayuntamiento de Salamanca ha concedido durante el primer semestre de este año 330 ayudas de urgencia social a personas empadronadas en la ciudad, con un importe total de 508.555,28 euros. Una cuantía que, según ha explicado la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, está destinada a "ayudar a salir adelante a quienes lo necesitan en los momentos de mayores dificultades".

Estas ayudas, que requieren una valoración técnica previa del Centro de Acción Social de la zona de residencia de la persona solicitante, están destinadas a cualquier persona o unidad familiar con residencia en el municipio de Salamanca, con una antigüedad de empadronamiento de al menos seis meses en cualquier municipio de Castilla y León, que se encuentren en situación de grave necesidad económica (no superar el límite de ingresos equivalente a 1,35 veces el IPREM anual en 14 pagas con los incrementos previstos en el Reglamento regulador en función de las características de la unidad familiar).

Las ayudas de urgencia social se destinan, principalmente, para gastos de alimentación; elementos de protección personal e higiene, en el caso de que sean necesarios según sea la causa de fuerza mayor consignada en la declaración del órgano competente; y suministros básicos de la vivienda como electricidad, agua, gas, telefonía e internet y los gastos de comunidad, especialmente cuando incluyan calefacción o agua caliente.

También se facilita el pago de una renta o alquiler de la vivienda habitual. El Ayuntamiento, previa valoración por el personal técnico, subvencionará como máximo la cuantía establecida como índice de referencia de arrendamientos de vivienda para Salamanca de acuerdo con lo establecido en la normativa de vivienda.

Otros gastos que se pueden considerar financiables, de acuerdo a la normativa vigente, atienden a necesidades relacionadas con los cuidados personales esenciales, como son prestaciones para tratamientos médicos y psicológicos, y ayudas auditivas (audífonos), ópticas (monturas y cristales), protésicas, dentales, medicación y otras necesidades relacionadas, siempre que se trate de una problema esencial de salud, sanitario y nunca estético, y venga avalado y diagnosticado por un facultativo del Sistema Público de Salud y no cubiertas por éste u otras entidades públicas o privadas, y la adquisición de productos básicos para bebés tales como pañales y comida infantil.