Asimismo, la organización presidida por Javier Tebas sostiene que la posible prevalencia del umbral del 10% establecido en la Ley del Deporte frente al 5% del convenio vigente constituye una cuestión estrictamente jurídica que debe resolverse en los tribunales, y no en el ámbito de la patronal, que insiste en su papel de neutralidad.

El conflicto se ha intensificado tras el acto de mediación celebrado en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), que terminó sin acuerdo. A raíz de este desacuerdo, la AFE anunció la presentación de una demanda, al considerar que LaLiga no respeta la disposición adicional de la Ley del Deporte y que es el único sindicato legitimado para negociar el nuevo convenio tras el proceso de votación realizado en los vestuarios de Primera y Segunda División.

Según los datos aportados por el sindicato, en dichas votaciones la AFE obtuvo una amplia mayoría de apoyos, mientras que Futbolistas ON recibió un respaldo minoritario. El proceso de constitución de la mesa negociadora, sin embargo, sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre las partes.

La primera reunión formal para abordar el nuevo convenio tuvo lugar el pasado 12 de junio, aunque concluyó sin avances significativos debido a las discrepancias sobre la participación de los sindicatos y el papel que debe desempeñar cada uno en la negociación.

Mientras AFE acusa a LaLiga de ampararse en interpretaciones legales para justificar el bloqueo del proceso, la patronal insiste en que sus actuaciones han estado guiadas por la búsqueda de un acuerdo y que no le corresponde adoptar decisiones de carácter judicial.