Salamanca ha acogido este viernes las jornadas sobre el turno de oficio organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española, un encuentro en el que se ha presentado el XX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita y en el que se ha puesto sobre la mesa una realidad cada vez más preocupante: la justicia gratuita atiende a más ciudadanos que nunca, pero cuenta con menos abogados para hacerlo.

Según los datos dados a conocer por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, las solicitudes de asistencia jurídica gratuita alcanzaron en España las 1.155.311 durante 2025, lo que supone un incremento del 1,7% respecto al año anterior y consolida la tendencia al alza registrada en los últimos ejercicios.

En el caso de Castilla y León, se contabilizaron 43.059 solicitudes, situándose entre las comunidades con mayor volumen de expedientes tramitados.

Cataluña volvió a liderar el ranking nacional con 267.002 solicitudes, seguida de Andalucía (232.766), Madrid (158.945) y la Comunidad Valenciana (126.233). Tras ellas se situaron Galicia (55.745), Castilla y León (43.059), Castilla-La Mancha (41.278), Murcia (40.784), Baleares (38.472), Canarias (36.036), País Vasco (26.715), Aragón (18.032), Extremadura (17.774), Asturias (16.795), Navarra (14.808), Cantabria (8.340), Ceuta (5.220), La Rioja (5.128) y Melilla (2.612).

Menos abogados para atender más solicitudes

Pese al aumento de la demanda, la Abogacía ha alertado de la continua reducción de profesionales adscritos al turno de oficio.

Mientras el número total de abogados ejercientes en España creció ligeramente durante 2025, pasando de 148.867 a 149.515 profesionales, los inscritos en el turno de oficio descendieron hasta los 38.871 letrados, frente a los 39.941 de 2024 y los 45.275 registrados en 2020.

Esto supone una caída acumulada del 14,1 % en los últimos cinco años, una tendencia que preocupa especialmente a la profesión.

Salvador González atribuyó este descenso a unas condiciones económicas poco atractivas para los nuevos profesionales y aseguró que las retribuciones son "cada vez más obsoletas y ridículas", lo que dificulta especialmente la incorporación de abogados jóvenes.

El presidente de la Abogacía Española explicó además que ya ha trasladado esta preocupación al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, así como las propuestas de los colegios y asociaciones profesionales para la futura Ley de Justicia Gratuita. Según advirtió, la reducción de abogados adscritos al turno de oficio continúa también durante 2026.

Un colectivo envejecido

El informe revela además que la mayoría de los profesionales que prestan este servicio tienen entre 50 y 59 años y acumulan más de 32 años de ejercicio profesional.

Por sexos, el reparto es prácticamente equilibrado, con un 52% de hombres frente a un 48% de mujeres.

Las comunidades con mayor número de abogados adscritos al turno de oficio fueron Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia.

Más inversión en justicia gratuita

La inversión global destinada a la justicia gratuita alcanzó en 2025 los 355 millones de euros, un 3,2 % más que el año anterior.

Este incremento responde tanto al aumento de las solicitudes como a la actualización de los baremos de retribución aprobada por varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Por territorios, Cataluña fue la comunidad que más recursos destinó a este servicio, con 70,5 millones de euros, seguida por Madrid (57,2 millones), Comunidad Valenciana (52,9 millones) y Andalucía (48,1 millones).

En Castilla y León, la inversión alcanzó los 10.948.204 euros, mientras que Canarias destinó 25,7 millones, País Vasco 19,4 millones, Galicia 15,1 millones, Murcia 9,2 millones, Asturias 9 millones, Castilla-La Mancha 8,9 millones, Baleares 8,5 millones, Aragón 4,5 millones, Navarra 4 millones, Extremadura 3,7 millones, Cantabria 2,7 millones, La Rioja 1,6 millones, Ceuta 1,5 millones y Melilla 985.953 euros.

Los datos reflejan una paradoja que preocupa al sector: mientras la justicia gratuita continúa ampliando su cobertura y atendiendo a un número creciente de ciudadanos, el sistema afronta dificultades para garantizar el relevo generacional de los profesionales que sostienen uno de los servicios esenciales para asegurar el acceso a la justicia.