Una comisión impulsada por el Gobierno sobre vulneración de derechos humanos entre 1979 y 1983 ha identificado a 63 víctimas mortales en ese periodo inmediatamente posterior a la aprobación de la Constitución, a manos de la extrema derecha o de fuerzas de seguridad, según el informe al que ha tenido acceso EFE.

El trabajo de esta comisión, prevista en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y presidida por el secretario de Estado Fernando Martínez, establece dos criterios para la inclusión: que los casos acabaran en muerte y que se produjeran en un contexto de violencia por motivaciones políticas.

Del total de víctimas reconocidas, 34 corresponden a actuaciones de la extrema derecha y 29 a excesos policiales, en un periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1983.

La mayoría de los casos se concentran en 1980, con 28 víctimas, seguido de 1979 (22), 1981 (9), 1982 (3) y 1983 (1).

Entre los casos recogidos en el informe figura el asesinato de la estudiante y militante del Partido Socialista de los Trabajadores, la salmantina Yolanda González, asesinada el 1 de febrero de 1980 en Madrid por miembros de Fuerza Nueva.

El listado incluye también otros casos relevantes como el conocido como 'caso de Almería', en el que murieron Juan Mañas, Luis Montero y Luis Manuel Cobo en mayo de 1981 tras ser torturados por la Guardia Civil al ser confundidos con miembros de ETA, así como el del concejal de Herri Batasuna Tomás Alba, asesinado en 1979 por el Batallón Vasco Español.

La comisión ha reconocido igualmente a otras víctimas como Salvador Sampedro de Dios, fallecido en 1982 tras una agresión y atropello por parte de integrantes de un grupo ultraderechista, o Juan Félix Domínguez, un niño de dos años muerto en 1983 en un control de la Guardia Civil.

El informe señala además que, durante este periodo, persistieron prácticas autoritarias bajo un "patrón estructural de impunidad", e identifica la existencia de violencia política tanto por parte de la extrema derecha como de agentes del orden.

Quedan expresamente excluidas de esta consideración las personas vinculadas a grupos terroristas, según el acuerdo del Consejo de Ministros de abril de 2024 que dio luz verde a la comisión.

El informe propone además la creación de un canal institucional permanente con las víctimas y la ampliación del estudio a otras vulneraciones de derechos humanos en el periodo analizado.