La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a un psicólogo de la capital salmantina a ocho años de prisión por un delito de agresión sexual cometido sobre una paciente que atravesaba una grave situación emocional derivada de la enfermedad terminal y posterior fallecimiento de su hermana.

La sentencia considera probado que el acusado se aprovechó del "frágil estado psicológico" y de la "dependencia emocional" que la mujer había desarrollado hacia él durante el tratamiento terapéutico que ambos mantenían desde 2023.

Según los hechos probados, la víctima acudió inicialmente a terapia psicológica por un cuadro depresivo agravado por el cuidado de su hermana enferma de cáncer y por la aparición de ideas suicidas. Tras varias sesiones, la relación entre ambos comenzó a derivar hacia conversaciones de contenido íntimo y sexual a través de WhatsApp.

El tribunal recoge mensajes en los que el acusado realizaba comentarios sobre el físico de la paciente y expresiones de carácter sexual. En enero de 2024, las conversaciones adquirieron un tono "más explícito", según la resolución judicial.

La Audiencia considera acreditado que el 6 de febrero de 2024, durante una sesión en la consulta del acusado en Salamanca, el psicólogo realizó actos de contenido sexual "con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales", aprovechándose de la situación de vulnerabilidad emocional de la mujer.

La resolución judicial también señala que la víctima sufrió un importante agravamiento de su estado psicológico tras los hechos, con aislamiento, pérdida de peso, rechazo hacia su cuerpo y deseos de no seguir viviendo.

Además de la pena de prisión, la sentencia impone al condenado una orden de alejamiento y prohibición de comunicación durante diez años. Una vez cumplida la condena, deberá permanecer otros diez años en libertad vigilada con las mismas limitaciones.

El tribunal también acuerda la inhabilitación especial durante seis años para ejercer como psicólogo tanto en el ámbito público como privado, así como la prohibición durante trece años de desarrollar profesiones u oficios con contacto habitual con menores de edad.

Asimismo, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 25.000 euros por daños y perjuicios y asumir el coste de tratamientos psicológicos, psiquiátricos y peritajes solicitados por la denunciante, cuya cuantía se fijará en ejecución de sentencia.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.