Las futuras plantas de biometano de Cantaracillo y Machacón siguen avanzando en su tramitación administrativa y podrían comenzar a construirse en los próximos meses. Así lo trasladaron responsables de Genia Bioenergy, expertos universitarios y consultores especializados durante una jornada celebrada en Salamanca en la que trataron de despejar dudas sobre dos proyectos que han generado un intenso debate en la provincia.

La empresa promotora confirmó que la planta de Cantaracillo se encuentra ya en la última fase ambiental y espera recibir este verano la autorización ambiental integrada de la Junta de Castilla y León. A partir de ahí, solicitará la licencia municipal de obras con el objetivo de iniciar la construcción entre finales de este año y comienzos de 2027.En el caso de Machacón, actualmente en periodo de información pública hasta el próximo 15 de mayo, la previsión es que las obras puedan arrancar aproximadamente seis meses después que las de Cantaracillo, previsiblemente a mediados del próximo año.

Cada instalación contempla una inversión estimada de entre 30 y 35 millones de euros, con una capacidad máxima autorizada de 150.000 toneladas anuales de residuos ganaderos y una producción prevista de entre 70 y 80 gigavatios hora de biometano al año.

Qué son y por qué en Salamanca

Uno de los mensajes más repetidos durante el encuentro fue que las plantas de biometano no deben entenderse únicamente como instalaciones energéticas, sino como herramientas para gestionar residuos ganaderos.Los responsables de los proyectos insistieron en que el principal problema ya existe: la enorme cantidad de purines y estiércoles que generan las explotaciones porcinas, vacunas y avícolas de la provincia.

"Lo primero es resolver un problema ambiental y después aprovechar energéticamente esos residuos", explicó Pedro Antonio García Encina, catedrático de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Valladolid, quien recordó que la digestión anaerobia se utiliza desde hace décadas en depuradoras urbanas e industrias agroalimentarias.

El proceso consiste en descomponer materia orgánica en ausencia de oxígeno para producir biogás, del que posteriormente se obtiene biometano. Según defendieron los expertos, este sistema permite reducir emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir olores y aprovechar los nutrientes restantes como fertilizantes agrícolas.

Olores, tráfico y agua: las principales preocupaciones

La jornada estuvo marcada por las preguntas sobre el impacto real de las instalaciones en el entorno rural, especialmente en cuestiones como olores, circulación de camiones o consumo de agua.

Sobre los olores, tanto la empresa como los expertos insistieron en una idea: "la planta no huele; lo que huele es el residuo". Según explicaron, el objetivo de estos proyectos es precisamente recoger los purines y estiércoles antes de que fermenten al aire libre y generen emisiones y malos olores. Para ello, aseguraron que los residuos se descargarán directamente en circuitos cerrados y que no habrá almacenamientos abiertos dentro de las instalaciones.

En cuanto al tráfico pesado, Genia Bioenergy afirmó que todos los contratos con transportistas incluyen cláusulas para evitar el paso de camiones por los cascos urbanos. Además, se están realizando estudios específicos de tráfico para diseñar rutas alternativas y minimizar molestias a los vecinos.

Otra de las dudas planteadas fue el consumo de agua. La empresa detalló que el máximo solicitado para el proyecto de Machacón ronda los 10.000 metros cúbicos anuales, una cifra equivalente, según explicaron, al consumo aproximado de una hectárea de maíz de regadío. Los promotores señalaron además que gran parte del líquido utilizado en el proceso procede de los propios purines, compuestos mayoritariamente por agua, y que una parte importante puede reutilizarse posteriormente.

Rechazo a la relación entre plantas y macrogranjas

Uno de los asuntos más sensibles fue la posible relación entre estas instalaciones y el crecimiento de macrogranjas. Tanto la empresa promotora como los consultores presentes negaron que las plantas generen nuevas explotaciones ganaderas. Según explicaron, las instalaciones se diseñan en función de los residuos que ya existen en el territorio y no al revés. De hecho, defendieron que transportar purines a grandes distancias "no tiene sentido económico ni ambiental", por lo que los proyectos buscan ubicarse cerca de zonas con alta concentración ganadera.

Los responsables recordaron además que las autorizaciones ambientales fijan límites máximos estrictos y que una planta autorizada para 150.000 toneladas "no puede recibir más residuos legalmente".

También rechazaron el uso del término 'macroplanta', argumentando que este tipo de instalaciones se sitúan incluso por debajo de la media europea en capacidad de tratamiento.

Empleo, impuestos y oportunidades

Más allá del componente energético, los promotores y consultores defendieron el impacto económico que estos proyectos podrían generar en municipios pequeños.

Según explicó Carlos Rubio, fundador de Siembra Energía Social, una planta de biometano puede generar entre 7 y 12 empleos directos estables, además de actividad económica vinculada al transporte, talleres, hostelería o empresas auxiliares.

Rubio defendió además que los municipios reciben ingresos a través de impuestos como el ICIO, el IBI de características especiales o el impuesto de actividades económicas, recursos que, según dijo, pueden ayudar a financiar infraestructuras y servicios locales. La empresa aseguró igualmente que priorizará la contratación de compañías y trabajadores de la zona tanto durante la construcción como durante la operación de las plantas.

Tecnología conocida, pero debate social

Durante la jornada también se abordó el clima de polarización que están generando muchos proyectos energéticos en zonas rurales. Los participantes coincidieron en que la sobreinformación y la aparición repentina de proyectos provocan inquietud y división vecinal, especialmente en municipios pequeños con pocos recursos técnicos para analizar expedientes complejos.

Por ello, reclamaron procesos de información pública más cercanos, transparentes y continuados en el tiempo. "Los pueblos necesitan herramientas para distinguir un buen proyecto de uno malo", resumió Rubio.

Desde Genia Bioenergy insistieron además en que su objetivo no es desarrollar las plantas para venderlas posteriormente, sino explotarlas directamente durante décadas. "Queremos estar aquí 25 o 30 años y eso nos obliga a ser buenos vecinos", concluyeron.