Vox pedirá este viernes al pleno del Ayuntamiento una defensa cerrada de la integridad del Archivo de Salamanca, ante las últimas peticiones de salidas de legajos plantedas desde diferentes instituciones.

El edil de Vox, Ignacio Rivas, ha señalado que el Parlamento de la Generalitat ha aprobado, con los votos de los partidos nacionalistas, una solicitud para sacar otros 30.000 documentos del archivo de Salamanca y mandarlos a Barcelona antes de dos meses. Para Rivas, estos partidos actúan como "una manada coordinada" y plantean infligir una "humillación simbólica" haciendo coincidir la salida de papeles con el V Centenario de la Escuela de Salamanca.

La segunda solicitud llega desde Tenerife, ya que su Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo con el ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para trasferirles documentos y bienes materiales relacionados con la masonería canaria. Rivas ha señalado que esa reclamación es "alegal" porque el Archivo depende de Cultura, no de Memoria Democrática, y porque un Consistorio no tiene capacidad, asegura, para plantear ese tipo de reclamaciones. "Es todo una excusa. Es algo ideológico", afirma.

Las dos peticiones se presentarán por separado ante el pleno para instar a la Junta y a todo tipo de asociaciones a denunciar la salida de papeles y en defensa de la integridad del archivo.

Alegaciones al 'basurazo'

Además, Vox planteará dos alegaciones a la ordenanza reguladora de la tasa de la basura. 

Ignacio Rivas argumenta que la norma incumple el principio de adaptación integral previsto en la Ley 7/2022 porque "no se ha introducido modificación alguna en los artículos 2, 3 y 6, relativos al hecho imponible, los sujetos pasivos y la base imponible", sino sólo el artículo 13 y para establecer un "mecanismo de actualización anual de la tasa". Segun Vox, "se ha aplicado únicamente la parte de la Ley 7/2022 que permite elevar la recaudación, mientras que se omite la necesaria revisión de los elementos estructurales de la tasa para vincularla al comportamiento real del generador de residuos".

La segunda alegación atañe a la fórmula que calcula la actualización de la tasa, que "no se ajusta a la fórmula legalmente establecida" en la propia ordenanza. Según Vox, la actualización anual de la tasa "será el resultado del producto de la tasa actual incrementada en el IPC anual, por los coeficientes que la propia Ordenanza determina para el cálculo de la tarifa".

El IPC es el 2,7%, pero "Ayuntamiento ha utilizado como punto de partida un incremento de la Cuota Actual del 6% basado en previsiones-estimaciones municipales, modificando de facto la fórmula legal sin cobertura normativa". Según Rivas, esa diferencia entre 2,7% y 6% respondería únicamente a las estimaciones municipales de ingresos para cubrir todos los gastos de recogida de basuras y aplicación de la ordenanza, pero no detalla "cuáles" serían. Para Vox, la actualización "es nula de pleno derecho" porque sólo mantiene la "vigencia formal" pero la tarifa que pretende aplicarse "contradice" ese extremo, de ahí que plantee una alegación para dejar sin efecto la actualización.