Primero fue la concesión. Después, la escenificación. La Cámara de Comercio de Salamanca anunció hace semanas la Medalla de Oro para su ya expresidente, Benjamín Crespo. Este pasado jueves culminó el proceso con la ceremonia de entrega. Dos momentos distintos, un mismo guion: solemnidad impostada, aplausos previsibles y una retórica inflada para justificar lo injustificable.

La decisión ya resultó controvertida cuando se hizo pública. Pero lejos de reconsiderarla, la institución optó por reforzarla con una ceremonia cuidadosamente diseñada para blindarla simbólicamente: autoridades en primera fila, discursos medidos y una narrativa que presentó la distinción como consecuencia natural de una trayectoria ejemplar. La repetición del relato -primero en la concesión, después en la entrega- no lo hizo más sólido; lo hizo más evidente.

Porque lo que se celebró no fue una hoja de servicios incontestada, sino la culminación de un mandato marcado por la división interna, la pérdida de credibilidad y antecedentes judiciales firmes. Ese dato, esencial cuando se habla de ejemplaridad, fue cuidadosamente omitido tanto en el anuncio como en el acto.

Cuando una institución concede su máxima distinción a alguien con condenas en firme en su historial, el problema no es de protocolo, es de principios. Las medallas no se conceden para maquillar biografías ni para cerrar etapas incómodas con aplausos; deberían otorgarse para reconocer trayectorias que dignifiquen a la entidad que las entrega. Aquí ha sucedido lo contrario: la biografía del premiado no mejora por recibir la medalla, pero la medalla sí se degrada al otorgarse en estas circunstancias.

Durante su presidencia no faltaron las controversias: críticas de empresarios que no se sintieron representados, decisiones cuestionadas en el uso de recursos, tensiones internas y un clima de enfrentamiento que debilitó a la institución. A ello se suman antecedentes judiciales que, en cualquier estándar mínimamente exigente, deberían haber pesado a la hora de valorar la idoneidad de un reconocimiento de esta naturaleza. No sobra recordar que como todo mérito, atesora el haber traicionado a sus compañeros en la auténtica patronal a cambio de no se sabe qué recompensa, dejando un agujero en los comerciantes salmantinos que se certificó en aquel momento en más de 350.000 euros, o el haber tenido en cuestión su empresa tras ser sancionado por la Junta de Castilla y León por saltarse las más elementales normas sanitarias en su actividad de mayorista de pescados, o disfrutar del dudoso honor de haber sido condenado en firme por amenazas a trabajadores, como ya fue publicado por algún medio de comunicación a nivel nacional.

Nada de eso tuvo cabida en los discursos. Las intervenciones se limitaron a elogios genéricos, fórmulas huecas y referencias abstractas al compromiso empresarial. Se habló mucho de entrega y dedicación; nada de las sombras. La presencia de autoridades, más que un gesto de respeto, evidenció el giro de la Cámara hacia la administración y la política. La solemnidad y la fotografía oficial buscaban legitimar el acto frente a las instancias de poder, no frente al empresariado que la institución debería representar.

Más allá de la persona premiada, lo que este acto evidencia es un cambio profundo de prioridades en el seno de las cámaras. La Medalla de Oro, históricamente un reconocimiento del empresariado a sus mejores referentes, se ha convertido en un escaparate para reforzar vínculos administrativos y garantizar visibilidad institucional. La institución ha dejado de situar a las empresas y a sus logros en el centro; su atención se dirige ahora hacia quienes detentan poder político. En este giro, la Cámara deja de ser un órgano al servicio del tejido empresarial y se aproxima más a un actor político-administrativo, donde la ejemplaridad real y la voz de los empresarios pierden peso frente a la solemnidad del protocolo y la foto oficial.

El mensaje que se traslada es claro y preocupante: la ejemplaridad ya no es condición indispensable para recibir el máximo honor de la Cámara. Si todo cabe bajo el paraguas del reconocimiento institucional, entonces el reconocimiento pierde sentido. Cuando el listón se baja tanto, no es la persona la que asciende; es la institución la que desciende.

La Medalla de Oro debería simbolizar el punto más alto de la trayectoria empresarial y del servicio a la comunidad económica. Tras su concesión y su entrega bajo el mismo libreto complaciente, simboliza algo muy distinto: la normalización de la indulgencia, la renuncia a la exigencia ética y, ahora, el abandono explícito del empresariado como centro de la institución. Ni la repetición del guion, ni los aplausos, ni la fotografía oficial alteran ese hecho. Las medallas no se devalúan por el uso del tiempo, sino por el uso que se hace de ellas. Y en esta ocasión, la Cámara ha decidido emplear la suya de la forma más cuestionable posible.

El tiempo dirá si este acto fue un cierre de etapa o el síntoma más visible de una decadencia institucional más profunda. Pero lo que ya es evidente es que, con esta decisión, la Medalla de Oro pesa hoy menos que ayer.