El Gobierno ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil los territorios afectados por un total de 76 episodios catastróficos, en su mayoría provocados por las sucesivas borrascas que han azotado la Península entre el 10 de noviembre de 2025 y el 9 de febrero de 2026 y que han provocado daños de todo tipo en numerosas comarcas de catorce comunidades autónomas y en la ciudad de Ceuta.

En concreto, en la declaración realizada por el Gobierno se incluye a la provincia de Salamanca por dos episodios. En primer lugar, por los fenómenos meteorológicos adversos registrados el pasado mes de noviembre que llevaron a las autoridades a comunicar la situación operativa al Centro Nacional de Emergencias (CENEM) el día 14 del citado mes, mientras que también se podrán acoger a esta declaración los territorios de la provincia afectados por la borrasca Marta, emergencia comunicada el pasado 7 de febrero y que sigue activa.

En total, son 76 emergencias comunicadas al CENEM durante ese periodo y, de manera excepcional, el acuerdo del Consejo de Ministros incluye determinados sucesos acaecidos en Galicia y Ceuta aun cuando la situación operativa comunicada al CENEM no superó la fase de preemergencia o situación operativa 0.

El Gobierno ha decidido incluir estos sucesos dada su excepcionalidad, por tratarse de una concatenación de borrascas y por la existencia de una reiteración de episodios adversos en un corto espacio de tiempo, y al tener constancia de los daños a la población, las infraestructuras y servicios públicos, circunstancias que justifican la adopción de una respuesta de carácter extraordinario por parte del Estado para contribuir al restablecimiento de la normalidad en las zonas afectadas, según han explicado desde el Ejecutivo.

En noviembre y diciembre de 2025 se registraron múltiples episodios de lluvias persistentes, inundaciones, viento y fenómenos costeros que afectaron, entre otras, a las comunidades de Galicia, Illes Balears, Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. En enero de 2026 se mantuvo el patrón de inestabilidad con la borrasca 'Francis', asociada a precipitaciones relevantes, nevadas y episodios de inclemencias invernales. Después se produjo una nueva sucesión de temporales vinculados a las borrascas 'Harry', 'Ingrid', 'Joseph' y 'Kristin', que provocaron nevadas, lluvias, viento, ola de frío y fenómenos costeros, que afectaron, entre otras, a Cataluña, Castilla y León, Illes Balears, Extremadura, Comunidad de Madrid y Galicia, con impacto en la movilidad, la vialidad invernal y los servicios esenciales.

A comienzos del mes de febrero de 2026, el paso de la borrasca 'Leonardo' ha intensificado la adversidad meteorológica con precipitaciones persistentes, vientos fuertes y temporal marítimo en varias comunidades autónomas y Ceuta, situación agravada con el paso de la borrasca 'Marta', que da continuidad a este escenario de inestabilidad con nuevos riesgos hidrometeorológicos y afecciones en zonas ya impactadas por episodios anteriores.

El acuerdo recoge ya una serie de ayudas que los damnificados pueden solicitar desde el momento en el que se produjo la emergencia y cuya gestión corresponde al Ministerio del Interior. Estas ayudas están destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; corporaciones locales; establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, así como a subvencionar a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia.

Además, el departamento estudiará la posibilidad de aprobar una exención de las tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico en trámites como el duplicado de permisos de circulación o conducción, así como bajas de vehículos siniestrados, así como las tasar por expedición del DNI.

La declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil abre, además, la vía para que otros departamentos del Gobierno puedan habilitar otras ayudas propias de sus ámbitos competenciales, y que pueden incluir beneficios fiscales, medidas laborales y de Seguridad Social, ayudas a las corporaciones locales, declaración de zona de actuación especial, así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.

El acuerdo recoge una relación abierta de las medidas y ayudas que, con mayor frecuencia y en atención a la naturaleza de los daños, suelen adoptarse en caso de emergencias de protección civil de este tipo, y son subsidiarias a las que puedan adoptar las comunidades autónomas y las entidades locales en ejercicio de sus competencias.

Una vez que la Administración General del Estado disponga de una evaluación de los daños producidos, en colaboración con el resto de las administraciones autonómicas y locales, este acuerdo podrá completarse con la adopción de otras medidas que se consideren procedentes y complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales en el ámbito de sus competencias en materia de protección civil.