El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha revocado una condena de 13 meses de prisión por estafa al titular de una empresa de montajes, reparaciones y servicios tras cobrar más de 20.000 euros por parte de un particular para la instalación de una casa prefabricada en un terreno ubicado en el término municipal de Sando y, posteriormente, no llegar a realizar los trabajos. Además, le exime de indemnizar a la parte contraria por daños y perjuicios, en una cantidad superior a 25.000 euros, calculada, en primera instancia para compensar también otros gastos derivados del proyecto.

Según el auto del alto tribunal, consultado por Ical, condenar en estas circunstancias equivaldría a criminalizar un incumplimiento civil, excediendo los límites del Derecho Penal. Estima, por tanto, el recurso presentado por la parte anteriormente condenada, al no concurrir, desde su punto de vista, los elementos esenciales del delito de estafa, ni prueba suficiente del dolo inicial o del ánimo defraudatorio. Señala que esta conducta, aunque implique responsabilidad civil, no reviste carácter penal, por lo que invoca los principios de presunción de inocencia e in dubio pro reo, procediendo a la absolución.

Los hechos se remontan a 2019, cuando la empresa, dedicada entre otras cosas a la construcción e instalación de viviendas modulares móviles unifamiliares prefabricadas, emitió un presupuesto por un importe superior a 20.000 euros para formalizar un contrato de ejecución de obra con un particular, a través de un promotor, por el cual debía fabricar y levantar una vivienda en una parcela del citado municipio.

Ya días antes de recibir por correo electrónico el contrato, lo que ocurrió el 23 de mayo de ese año, el cliente había transferido a una cuenta bancaria del constructor, como parte de lo presupuestado, la suma de 7.000 euros. El mismo día le transfirió a la misma cuenta otros 6.000 euros más, llegando, finalmente, el 15 de junio a entregarle en mano otros 7.300 euros más, en la localidad de Moralzarzal (Madrid). En total, le abonó la suma de 20.300 euros, recoge Ical. 

La obra debía ejecutarse en un plazo de pocos meses, sin embargo, a pesar de haberse iniciado algunos pequeños trabajos, como la cimentación y las acometidas de agua y desagüe en la parcela, la instalación no se inició y la obra quedó abandonada, en principio por la pandemia, pero nunca fue retomada para alcanzar su finalización, ni tampoco se devolvió cantidad alguna al promotor.