A principios de año, los lectores del Financial Times amanecieron con un anuncio insólito. En letras negras y contundentes, sobre un fondo limpio, podía leerse: "Warning: Spanish pickpockets operating in this area". No era una provocación cultural ni una campaña turística mal entendida. Era la señal de que un bufete británico, Amsterdam & Partners LLP, acababa de abrir un frente inesperado contra la Hacienda española.

El anuncio cruzó rápidamente fronteras y redes sociales. Muchos se preguntaron quién estaba detrás de un mensaje tan llamativo y por qué se dirigía, de forma tan explícita, contra la Agencia Tributaria. La respuesta apunta directamente a Robert Amsterdam, abogado internacional con fama de asumir causas incómodas contra Estados poderosos. Desde sus oficinas en Londres y Washington, Amsterdam sostiene que en España existe un problema "profundamente arraigado" en la forma en que se gestionan determinadas inspecciones fiscales, especialmente las que afectan a extranjeros residentes y a profesionales acogidos al régimen conocido como Ley Beckham.

Junto a él figura Christopher Wales, economista y exasesor fiscal del Gobierno británico, que ha cofirmado el informe que ha servido como detonante de la polémica. Bajo el título "Hacienda contra el Pueblo: España y la Ley Beckham", el documento recoge una serie de testimonios y análisis que el bufete interpreta como prueba de un "régimen de terror fiscal". En su relato, numerosos contribuyentes habrían recibido liquidaciones inesperadas, sanciones retroactivas y presiones para aceptar acuerdos inmediatos bajo la amenaza de multas más severas. El despacho insiste en que estos casos no son incidentes aislados, sino síntomas de un modelo que, según ellos, vulnera derechos fundamentales.

Una de las acusaciones más sensibles es la que apunta a que los inspectores de Hacienda reciben incentivos económicos vinculados a la recaudación obtenida durante las inspecciones. Ese sistema, sostienen, genera un contexto en el que el contribuyente se siente en inferioridad y sin garantías reales frente a un organismo que, en su opinión, actúa con excesiva agresividad. El tono del informe, y especialmente su difusión internacional, han contribuido a que el conflicto se convierta en un tema de debate más allá del ámbito jurídico.

Pero la ofensiva del despacho no se ha quedado en la publicación del informe. Amsterdam & Partners ha lanzado una campaña internacional destinada a situar el caso en el radar de organismos como la OCDE y Naciones Unidas, a los que planean trasladar denuncias formales. El bufete afirma estar recopilando centenares de testimonios de expatriados que aseguran haber sufrido actuaciones "imprevisibles o desproporcionadas" por parte del fisco español. Incluso ha llegado a plantear la necesidad de suspender temporalmente el intercambio automático de información fiscal con España hasta que, según su tesis, el país garantice un entorno plenamente respetuoso con el Estado de Derecho.

La Agencia Tributaria ha respondido con firmeza desde el primer momento. En una carta dirigida al despacho, el organismo califica la campaña como un "ataque frontal" basado en "acusaciones infundadas" y "caricaturas injustas" del trabajo de los inspectores. Los sindicatos de funcionarios han respaldado esta postura, recordando que los complementos salariales ligados a objetivos son legales, transparentes y en ningún caso suponen recompensas por imponer sanciones. Hacienda subraya, además, un dato que considera decisivo: de los miles de contribuyentes acogidos a la Ley Beckham, solo un 0,5% habría sido inspeccionado en los últimos años, lo que, a juicio del organismo, contradice cualquier insinuación de persecución sistemática.

El choque entre ambas partes ha generado una preocupación creciente entre residentes extranjeros y profesionales trasladados recientemente a España. Algunos despachos fiscales consultados describen un clima de incertidumbre, alimentado en parte por la dureza del mensaje de Amsterdam & Partners y por la contundencia de la respuesta institucional. Ambos relatos, el que habla de un sistema abusivo y el que insiste en su normalidad, conviven ahora en un debate que se ha hecho más visible que nunca.

El conflicto ha colocado bajo los focos la imagen fiscal de España en un momento en el que muchos países compiten por atraer talento internacional. También ha reabierto la discusión sobre la estabilidad de la Ley Beckham, un régimen que ha jugado un papel relevante en la llegada de profesionales cualificados, deportistas o directivos extranjeros. La controversia llega, además, en un clima político ya tenso por debates sobre la presión fiscal y el papel de la Administración en el control tributario.

Lo que comenzó como un anuncio en un diario británico se ha convertido, en apenas unos meses, en un conflicto diplomático, jurídico y mediático. Amsterdam & Partners asegura que continuará adelante con su ofensiva, mientras la Agencia Tributaria insiste en que se trata de una campaña exagerada que distorsiona la realidad. Entre tanto, la historia sigue avanzando y los próximos pasos —tanto en despachos internacionales como en tribunales— definirán si este choque queda en una tormenta pasajera o en un episodio capaz de modificar la relación entre España y quienes deciden instalarse en ella.