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Ratificada la inhabilitación del alcalde de Villarino de los Aires por un delito de prevaricación
El TSJ respalda a la Audiencia de Salamanca, que le condenó por contratar 3 años a su hermano como jefe de la cuadrilla de obras públicas con plus de dedicación
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratifica la inhabilitación del alcalde del municipio de Villarino de los Aires, Julián Martín, para cargo público durante nueve años al considerarle responsable de un delito de prevaricación administrativa, tal y como dictó la Audiencia provincial de Salamanca el pasado mes de marzo, por la contratación de su hermano como jefe de la cuadrilla de obras públicas, durante tres años, con un plus de plena dedicación.
Según recoge la sentencia, a la que tuvo acceso Ical, en el ejercicio de sus funciones, y "plenamente conocedor del procedimiento legal aplicable", procedió a firmar el 13 de julio de 2025, por razones de urgencia, un contrato con su hermano para obra o servicio determinado, recogida como "trabajos de su especialidad en la obra de montaje y desmontaje de la plaza de toros portátil para las fiestas del municipio", sin abstenerse a pesar del vínculo familiar existente entre ellos.
A la finalización del contrato, que era por un tiempo de dos meses y para obra y servicio determinado, el hermano del alcalde continuó prestando servicios para el Ayuntamiento durante un tiempo de tres años, en concreto, hasta el 12 de julio de 2018, fecha en la que se procedió a la extinción de su contrato, para evitar que adquiriese la condición de trabajador fijo de plantilla.
De este modo, la gestora laboral del Ayuntamiento y el secretario aconsejaron su cese con el pago del siete por ciento de indemnización, según lo establecido en el convenio. Durante todo el tiempo referido, el hermano del alcalde cobró un salario de acuerdo con lo establecido en el convenio de la construcción de Salamanca, con la incorporación de un plus por dedicación exclusiva.
La Audiencia Provincial de Salamanca, eso sí, le absolvió en el mismo proceso de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos, por los que había sido acusado por el Ministerio Fiscal y por la acusación popular.
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