La Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este viernes, de forma parcial, la Proposición No de Ley presentada por Unión del Pueblo Leonés (UPL) para la protección y puesta en valor del castillo medieval de Castillejo de Azaba, ubicado en el municipio salmantino de Puebla de Azaba.

La decisión implica la inclusión del castillo en el Catálogo de Bienes Culturales de la comunidad autónoma, reconocido expresamente como Bien de Interés Cultural (BIC). Además, se ha aprobado que la administración autonómica asesore técnicamente al Ayuntamiento de Puebla de Azaba, propietario del inmueble, con el objetivo de favorecer su conservación y protección.

Durante la defensa de la iniciativa, la procuradora de UPL, Alicia Gallego, subrayó la importancia de conservar los restos de la fortaleza, calificando como "irrenunciable" su declaración como BIC. Todos los grupos parlamentarios respaldaron este punto, aprobando la inclusión del castillo en el catálogo autonómico.

Desde UPL destacaron que este reconocimiento es "un medio imprescindible para su protección legal", permitiendo impulsar medidas que frenen el deterioro y el posible colapso estructural del monumento, que "posee las bases de los muros erosionadas y en el costado de un muro posee, por ejemplo, una preocupante grieta que podría llevar al colapso y derribo de una parte de este monumento".

Asimismo, los leonesistas reclamaron que la Junta proporcione asesoramiento técnico especializado al consistorio para evaluar los puntos de riesgo y planificar intervenciones urgentes. También recordaron la limitada capacidad económica del municipio de Puebla de Azaba, con apenas 142 habitantes —27 de ellos en la pedanía de Castillejo—, donde se encuentra la fortaleza.

UPL invocó además la Ley autonómica 7/2024 de Patrimonio Cultural, cuyo artículo 3 establece la obligación de preservar la autenticidad e integridad de los bienes culturales, así como su conservación preventiva, competencias que recaen directamente en la Junta.

Por otro lado, la propuesta de que la administración autonómica estudie la posible adquisición del castillo junto a su propietario actual fue rechazada por PP y VOX, impidiendo que prosperase el último punto de la iniciativa, que pretendía abrir la puerta a una futura rehabilitación y uso cultural o turístico del monumento.

Un castillo con valor histórico y fronterizo

El castillo de Castillejo de Azaba, construido entre los siglos XI y XII, formó parte del sistema defensivo del Reino de León frente a Portugal, tras la independencia del Condado Portucalense en el siglo XII.

Junto a fortalezas como las de Ciudad Rodrigo, La Alberguería de Argañán, El Gardón o El Payo, el castillo integraba una segunda línea de defensa, respaldando a las fortificaciones ribereñas del Riba-Coa, situadas en el actual territorio portugués.

Tras el Tratado de Alcañices de 1297, mediante el cual el Reino de León cedió el Riba-Coa a Portugal, Castillejo de Azaba pasó a ocupar una posición más avanzada en la frontera. La fortaleza, de planta cuadrada, conserva muros de unos 22 metros de lienzo, 1,5 metros de grosor y 2,5 metros de altura, lo que da testimonio de su importancia estratégica en la Edad Media.

Reproche por la destrucción del castillo de la Torre Mocha de Naharros del Río

En la misma sesión, Unión del Pueblo Leonés aprovechó para criticar la reciente destrucción del castillo de la Torre Mocha de Naharros del Río, en Pelabravo, lamentando que se ignorara una propuesta registrada por su grupo en marzo de 2024 para proteger el yacimiento.

Los leonesistas afirmaron que, tras el derribo, se alegó que el responsable "no sabía que esos muros eran medievales y formaban parte de un castillo", por lo que denunciaron que "quién sabe si de haberse acometido aquella puesta en valor que solicitábamos, con la oportuna señalización, se hubiese podido evitar esta catástrofe patrimonial".

UPL calificó la destrucción como "un golpe muy duro" y una "catástrofe patrimonial que nos muestra lo frágiles que son nuestros yacimientos", y acusó a la Junta de incumplir la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León.

Por ello, el grupo regionalista instó a reforzar la protección y señalización de los yacimientos y monumentos para que "no pueda alegarse desconocimiento por parte de quien solo ve ‘cuatro piedras’ que le estorban", y así evitar nuevos atentados contra el patrimonio histórico.