El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, natural de Lumbrales (Salamanca), se sentará este lunes en el banquillo del Tribunal Supremo en un juicio que marcará su futuro al frente del Ministerio Público. El proceso se abre con un abanico de peticiones que van desde la absolución que reclaman su defensa y la Fiscalía, hasta los seis años de prisión y 12 de inhabilitación solicitados por una de las siete acusaciones personadas en la causa.

La Fiscalía pide la libre absolución

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, junto al fiscal superior de Extremadura, Francisco Javier Montero, solicitan la "libre absolución" de García Ortiz. Sostienen que los hechos "no son constitutivos de delito alguno" y que ninguna intervención puede atribuirse al fiscal general en la divulgación de los correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Según la Fiscalía, la información contenida en dichos correos ya era conocida por otras personas antes de su difusión pública, por lo que no puede imputarse al fiscal general la revelación de secretos.

La defensa, alineada con la Abogacía del Estado

La Abogacía del Estado, que representa a García Ortiz, también reclama su absolución. Los abogados José Ignacio Ocio y Consuelo Castro, exabogada general del Estado, sostienen que "los hechos atribuidos no constituyen ilícito penal alguno" y denuncian una "operación perfectamente orquestada desde la Comunidad de Madrid" para presentar a González Amador como víctima de una maniobra política.

La defensa argumenta que el fiscal general actuó en el legítimo ejercicio de sus competencias para proteger la imagen y prestigio de la institución y sus miembros, frente a una "campaña de desinformación" que, a su juicio, comprometía la credibilidad de la Fiscalía.

La acusación particular y las acciones populares

La acusación particular, ejercida por Alberto González Amador, pide cuatro años de prisión, 108.000 euros de multa, tres años de suspensión de empleo público y la inhabilitación especial para el cargo de fiscal general. Le acusa de haber filtrado información "confidencial" de su caso de fraude fiscal con el objetivo de "construir un relato político lesivo". Además, reclama una indemnización de 300.000 euros por daños personales y reputacionales.

A esta se suman seis acusaciones populares: el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Manos Limpias, la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Hazte Oír, Vox y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Esta última solicita la pena más elevada: seis años de cárcel y doce de inhabilitación por prevaricación en concurso medial con revelación de secretos.

El resto de las acusaciones populares piden cuatro años de prisión y tres de suspensión de cargo público, con multas que oscilan entre los 81.000 euros del Colegio de la Abogacía de Madrid —que impulsó la querella junto a González Amador— y los 216.000 euros reclamados por Manos Limpias.

El juicio arranca con la Fiscalía y la Abogacía del Estado unidas en la defensa de García Ortiz y con una fuerte carga política y mediática en torno a la figura del fiscal general, que regresa desde su Lumbrales natal a los focos de la justicia y la polémica.