Izquierda Unida ha respaldado las denuncias a la Junta de Castilla y León por su gestión de los incendios, impulsadas por el movimiento ecologista y sindical y ha solicitado al Ministerio de Trabajo su rápida tramitación La organización ha pedido, además, una auditoría sobre las condiciones en que desempeñan su función las treinta y cinco empresas privadas con concesiones con la Junta para la prevención y extinción de incendios.

En este sentido, desde IU explican que se han sumado a las denuncias a la Junta por "descoordinación en las operaciones para la extinción de los incendios que han asolado varias provincias de Castilla y León en las últimas semanas". "Varios sindicatos se han querellado ante la inspección de trabajo por supuestos incumplimientos en las condiciones sociolaborales de los bomberos forestales. Han señalado turnos de veinte horas, falta de descansos, contratos sin experiencia o escasez de equipos, protección y avituallamiento", han recordado.

Por ello, IU registrará un escrito al Ministerio de Trabajo para solicitar que estas denuncias sean inspeccionadas con la mayor agilidad posible y que se supervisen todas las anomalías detectadas por el movimiento sindical y ecologista. La organización instará, además, a la realización de una auditoría por parte de la Junta de Castilla y León de sus contratos en vigor para la prención y extinción de incendios.

"Es responsabilidad de la Junta la supervisión de que tanto los helicópteros y motobombas como el personal contratado por estas empresas cumple con lo establecido en los contratos por los que ingresan millones de euros anuales", señala Juan Gascón, coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León. Tanto Mañueco como las treinta y cinco empresas niegan los problemas que, según la organización, se han hecho evidentes estos días en materia de seguridad, avituallamiento, descanso y coordinación.

Igualmente, Izquierda Unida solicitará la fiscalización de los contratos con empresas como TAHER, Estudios y Trabajos Forestales, Oficina técnica de montes, IGM y UTE. Las concesiones otorgadas oscilan entre uno y siete millones de euros. "No puede ser que la única fiscalización al cumplimiento de los contratos sean preguntas a gerentes de las empresas, lo pertinente para una administración autonómica son consultas a los sindicatos, requerimientos de información, cruce de datos con la Seguridad Social y visitas in situ para garantizar que las empresas privadas están cumpliendo los pliegos", denuncia Gascón.

"Frente a los millones de euros dedicados a la privatización del servicio de prevención y extinción de incendios por parte de la Consejería de Medio Ambiente, IU propondrá a las Cortes de Castilla y León un operativo 100% público, permanente, dotado de recursos y con personal en condiciones dignas. Solo así podremos proteger nuestros montes, nuestra biodiversidad y a nuestros pueblos, que hoy se sienten desamparados por la Junta de Castilla y León", resume Gascón.