La organización de defensa de los consumidores FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno un cambio regulatorio que incluya indemnizaciones para los usuarios que sean víctimas del 'spam' telefónico y sanciones para las empresas de telecomunicación y energéticas que se lucran con este tipo de llamadas no deseadas.

La organización de consumidores asegura en un comunicado que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Oscar López, ha informado de que desde el pasado mes de marzo, los operadores de telecomunicaciones han bloqueado más de 50 millones de llamadas y mensajes de texto que escondían un fraude.

No obstante, multitud de consumidores continúan recibiendo llamadas comerciales no solicitadas prácticamente a diario, pues la orden ministerial no incluyó el bloqueo de este tipo de comunicaciones desde las numeraciones fijas con prefijo geográfico.

Por ello, FACUA-Consumidores en Acción considera que las medidas adoptadas por el Gobierno son "claramente insuficientes" y ya ha le ha trasladado la necesidad de ampliar dicho bloqueo a todo tipo de llamadas, ya que "estás numeraciones son ahora un gran coladero de fraudes".

Desde 2023, todas las llamadas comerciales no pedidas expresamente están prohibidas, aunque en la práctica se han seguido produciendo tanto o más como se producían con anterioridad.

Además, la asociación considera fundamental que desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se impulse un cambio regulatorio para obligar a las empresas beneficiarias de altas a través de llamadas comerciales a informar al usuario de que, si no fue realizada o solicitada expresamente por él, tendría derecho a una indemnización económica al tratarse de 'spam' telefónico.

FACUA ha reclamado al Gobierno que todas las empresas beneficiarias de altas telefónicas tengan que garantizar que en la grabación de la llamada el usuario no solo acepta unas condiciones concretas del servicio, sino que además indica que ha realizado él la llamada o que pidió expresamente que se la hicieran. Y si esta información no consta en la grabación, el contrato no debe ser válido y las empresas que los procesen incurrirán en una infracción de consumo que derivará en sanción al ser denunciada.