Un 20% de los médicos salmantinos secundan la huelga convocada por CESM

222 facultativos participaron en el paro de este viernes en Salamanca, en una jornada de protesta con seguimiento desigual en Castilla y León

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Un 20% de los médicos salmantinos secundan la huelga convocada por CESM
Medicina Familiar.
El autor esTeresa Sánchez
Teresa Sánchez
Lectura estimada: 2 min.
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La jornada de huelga médica convocada este viernes por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se saldó en Salamanca con un seguimiento del 20 %, según los datos facilitados por la Gerencia Regional de Salud. En total, 222 facultativos de los centros sanitarios públicos de la provincia participaron en el paro durante el turno de mañana.

La movilización se enmarca en la protesta nacional impulsada por CESM y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), en rechazo a la propuesta del Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario. El colectivo médico denuncia la falta de un estatuto profesional específico para la profesión y la ausencia de avances concretos en la mejora de sus condiciones laborales.

En Salamanca, el seguimiento ha sido inferior a la media regional del 32%, situándose entre los porcentajes más bajos de la Comunidad. La participación fue mayor en provincias como Burgos (41 %), León (36 %), Palencia (39 %) o Valladolid (37 %), mientras que Ávila (14 %) también presentó cifras bajas.

Contexto autonómico y nacional

Por niveles asistenciales, la Atención Hospitalaria concentró el mayor impacto con un 41,67 % de participación (2.143 profesionales en huelga), frente al 16 % en Atención Primaria (389 profesionales).

En total, 2.533 médicos secundaron la protesta de los 7.919 disponibles en los centros del Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL). La movilización pretendía visibilizar el creciente malestar del colectivo médico ante la falta de diálogo y soluciones estructurales por parte del Ministerio de Sanidad.

Ante la convocatoria, la Junta de Castilla y León estableció servicios mínimos para garantizar la atención sanitaria esencial y la continuidad asistencial en los centros públicos, atendiendo a la regulación del derecho de huelga pero también al interés general y a la protección de la salud de los usuarios.

 

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